En esta oportunidad, abordaremos lo referente a la etapa de implementación de la Visión de la Minería al 2030, documento elaborado e impulsado por el Grupo Rimay, conformado por el Estado, las empresas, la sociedad civil y la academia para lograr consensos en torno al futuro de nuestra industria.

Este grupo señala que, para lograr avanzar hacia esta visión, se sugiere poner en marcha siete actividades prioritarias, según los criterios de viabilidad, maduración temprana, impacto y sentido de urgencia.

Específicamente, trataremos la primera de las actividades de esta hoja de ruta, que plantea: fortalecer las capacidades de los gobiernos regionales y locales para mejorar la gestión institucional del Estado.

El propósito es perfeccionar la distribución del canon y compensar desigualdades entre regiones, provincias, distritos y comunidades, así como también avanzar en los planes de desarrollo concertado, y la planificación territorial en forma participativa. 

Consideramos que para que este objetivo se cristalice se requiere del esfuerzo en común, pero sobre todo, se necesita de actores que conozcan muy bien la estructura del Estado y que tengan voluntad para hacer estos cambios.

En este punto es crucial el rol que debe desempeñar la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y la Secretaría de Gestión Pública, ente rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública.

Hoy en pleno Bicentenario, por ejemplo, no contamos con un sistema eficiente de planeamiento. No existe claridad sobre el rol efectivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) ni las políticas u objetivos prioritarios en los tres niveles de gobierno.

Las capacidades de gestión de las entidades públicas también se ven limitadas por una deficiente infraestructura y equipamiento, y existe una débil articulación intergubernamental e intersectorial. Estos y otros problemas son parte de un diagnóstico que ya conocemos.

Y si bien es cierto ha habido avances para mejorar esta situación, la realidad aún nos dice que estamos lejos del objetivo que es tener una administración pública eficiente, enfocada en resultados y que rinda cuentas a los ciudadanos.

En líneas generales, la tarea que tenemos todos, incluido el sector minero, es promover la modernización de la gestión pública y, un paso para ello, es lograr la actualización de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública (PNMGP) y su implementación hacia el 2030. 

Roberto Maldonado, primer vicepresidente IIMP