Nuevamente abordaremos lo relacionado con la etapa de implementación de la Visión de la Minería al 2030, documento impulsado por el Grupo Rimay –conformado por el Estado, las empresas, la sociedad civil y la academia– para lograr consensos en torno al futuro de la industria minera.

Rimay señala que para avanzar hacia esta visión, se deben poner en marcha 7 actividades prioritarias. En esta oportunidad, nos referiremos específicamente a la segunda de estas actividades estratégicas.

Esta plantea difundir y adoptar las mejores prácticas nacionales e internacionales de gestión del agua en el sector minero. Con ello, se busca contribuir con la gestión integrada de los recursos hídricos en el país, adoptando los más altos estándares ambientales.

Así como las antiguas civilizaciones prehispánicas que habitaron nuestro territorio dominaron el uso del agua y nos dejaron como herencia un patrimonio impresionante que solucionó el problema de la escasez, hoy la industria minera hace lo propio.

Según la Autoridad Nacional del Agua (ANA) la minería formal es un modelo de gestión hídrica en Perú, pues desarrolla tecnologías que reducen el uso industrial del agua y contribuyen a que esta sea de acceso para las comunidades a través de canales, reservorios y represas.

Las empresas mineras, en acuerdo con el Estado, pueden generar más infraestructura que permita aprovechar mejor los recursos hídricos y evitar que se desperdicien. Tenemos múltiples ejemplos que validan ello, como la planta de tratamiento de aguas residuales construida por Sociedad Minera Cerro Verde en Arequipa. Todo un éxito.

Asimismo, la construcción de dos mil pequeños y medianos reservorios realizada por Gold Fields, como parte del proyecto Cosecha de agua para el distrito de Hualgayoc, o la presa Vizcachas en Moquegua, a cargo de Quellaveco para mejorar la calidad del agua que recibe la población. Y así podemos seguir.

En líneas generales, creemos que la discusión sobre agua o minería no tiene ningún sentido en un país donde el 86% de este recurso se destina a la agricultura, el 6% a la actividad industrial, 7% para la población, y solo el 1.5% a la industria minera formal.

Esa es la reflexión que esperamos sea tomada en cuenta por nuestra población y, sobre todo, por las autoridades del nuevo gobierno, al momento de hacer un análisis para el mejor aprovechamiento de este vital recurso.

Roberto Maldonado, primer vicepresidente IIMP