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LA REACTIVACIÓN DE LA GOBERNABILIDAD MINERA

Por: Walter Casquino, expresidente del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet).                                


Para los mineros —grandes, medianos y pequeños— la administración pública de las minas del Perú ha devenido en ineficiente, porque se intenta gestionar desde diferentes poderes centrales y locales, incapaces de establecer una visión coherente de largo plazo para la actividad minera en su conjunto. Las potestades otorgadas al Ministerio de Energía y Minas, al Ministerio del Ambiente, Agricultura, Cultura, Trabajo, Interior, a la administración de justicia, y a las 23 regiones, no hacen sino confundir a los mineros que no terminan de entender quién es responsable de qué cosa. 

Es de particular atención, la posición del Ministerio del Ambiente que ha elucubrado una red de estudios ambientales que nadie termina de entender. Se mezclan síntomas con causas, labor pública con labor privada, efectos localizados con efectos regionales.

Para apoyar en definir la mejor estrategia de desarrollo del sector minero, se mencionan seis actividades que, a nuestro juicio, yacen entre las causas de la anarquía en que se desarrolla el sector: los refinados estudios ambientales, el choque de civilizaciones o los megaproyectos atrofiados, la falta de adecuada deontología del sector público o la limitada capacidad pública para interactuar exitosamente con el gran y pequeño sector privado, la diseminada autoridad minera, la incoherente investigación territorial y los esfuerzos de formalización de la pequeña minería. 

Los refinados estudios ambientales

El anhelado desarrollo sostenible de la sociedad peruana, se halla significativamente desequilibrado en lo que se refiere a sostenibilidad y a desarrollo. 

Debido a la creciente novedad de los movimientos ambientalistas, los sectores productivos se han visto avasallados por un conjunto de normas burocráticas que intentan cuidar la ecología, sin tener el menor reparo en afectar el desarrollo de los proyectos. El desarrollo sostenible es posible, siempre y cuando, haya un balance entre las medidas propias de cada aspecto. 

El desarrollo productivo, que involucra a las minas, ha introducido onerosas medidas de cuidado ambiental en sus procedimientos. Sin embargo, no se nota la misma ponderación en las medidas requeridas para cuidar el ambiente productivo. Se llega inclusive, sin el menor reparo, a aplicar acciones de interdicción, sin mediar ninguna consideración por el perjuicio que se ocasiona al desarrollo productivo, que es, por lo menos, de la misma categoría considerativa. 

En su gran mayoría, los proyectos productivos de bienes tienden a generar riqueza con el objeto de reducir la miseria y el hambre que se encuentran entre las mayores amenazas a la vida. El avance de las fronteras del conocimiento es no solo rentable, sino que además contribuye a elevar la autoestima de los participantes. 

Existe una herramienta técnica fundamental en todos los proyectos productivos llamada “diagrama de flujo balanceado” que muestra, con meridiana claridad, la cantidad y calidad de los elementos y/o compuestos ingresantes, los intermedios y los finales. 

Se propone que sea esta herramienta técnica, la principal fuente de información tanto para el sector privado que necesita monitorear sus ganancias, como para el sector público, que necesita indagar sobre la generación de elementos y compuestos contaminantes. Conocidas estas características, será de simple aplicación directa el diseño de la planta de tratamiento que asegure la eliminación de la connatural basura que genera el proceso productivo. 

La supervisión del Estado en el diseño, construcción, operación y mantenimiento de dicha planta constituye una de las principales atribuciones públicas que no debe tener la menor objeción del sector privado. La simplificación administrativa que se lograría, ayudará a reactivar todos los procesos generadores de riqueza que actualmente se hayan anquilosados. 

Los proyectos mineros solamente requieren de un buen diagrama de flujo balanceado para definir los elementos o compuestos que podrían contaminar. Y a continuación, pueden establecer las plantas de tratamiento que permitan que sus efluentes finales sean vertidos a sus fuentes originales por debajo de los Límites Máximos Permisibles. Así de simple. Todo lo demás sobra. Por estas razones, se propone elevar el diagrama de flujo balanceado de los proyectos productivos a la categoría de herramienta ambiental por excelencia.

El choque de civilizaciones

La gran minería —multinacionales— es incapaz de encarar sus diferencias con las comunidades del entorno porque en la raíz del problema yace un tema cultural que representa una brecha que debe superarse con humildad, que es totalmente ajena al mundo de los negocios. Si el gobierno necesita que los megaproyectos se materialicen, lo natural es que asigne un gerente público alrededor del cual se articulen todos los que pueden ayudar a crear el ambiente de empatía necesario para hacer realidad el consabido aforismo que “toda mina debe convertirse en un polo de desarrollo”. 

Para comenzar, todas las comunidades ubicadas alrededor de los megaproyectos deben tener su diseño urbano y de infraestructura que deberá irse construyendo a medida que la mina vaya pagando sus impuestos. Este diseño tiene que ser entendido y compartido por las comunidades. Los mecanismos que puedan adelantar su construcción deben apoyarse. Y los encargados de realizar el diseño son las instituciones profesionales correspondientes lideradas por la organización rectora de la ingeniería nacional que es el Colegio de Ingenieros. Esta es la institución que tendrá muy claras las responsabilidades, derechos y obligaciones que ahora son difusas y enredadas, entre las empresas, las comunidades y el Estado, que en algunas ocasiones ha tratado de eludir su responsabilidad de gestionar el desarrollo territorial.

La deontología pública

Los funcionarios públicos son improvisados porque todas las universidades se concentran en transmitir los conocimientos requeridos para que las empresas privadas sean exitosas. Y nadie se da cuenta que una de las razones del estado deficiente de la administración pública es que la gran mayoría de sus funcionarios sectoriales, sobre todo los recién estrenados, desconocen su quehacer, estando en la mayoría de los casos en situación desfavorable con los funcionarios privados, cuando debería ser al revés, porque para normar y fiscalizar se requiere tener mayores conocimientos y experiencia. 

La solución a esta inquietante realidad la tenemos a la vista, pero nadie la sigue porque parece que es verdad el aforismo que establece que “no hay peor ciego que el que no quiere ver”. 

Hace ya más de sesenta años que la escuela diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores nos da la pauta a seguir. Convoca anualmente a todos los profesionales recién graduados de diversas especialidades afines a su quehacer y los selecciona para formarlos durante dos años en los conocimientos requeridos por su sector. Este principio fundamental de gestión es ignorado por todos los otros sectores. 

La gran mayoría de funcionarios, incluyendo a congresistas y ministros, se capacita con variados resultados en la dura práctica del trabajo diario. Hay quienes aprenden rápido, pero la gran mayoría no. El gran sacrificado de esta imprevisión es el pueblo peruano que sufre diariamente un vía crucis con el consabido “vuelva usted mañana” para tratar de ingresar al Estado de derecho y a la formalidad. 

Se recomienda crear una Escuela de Gestión Pública que durante un año capacite a los futuros funcionarios en los principios básicos del servicio público, incluyendo la ley de procedimientos administrativos, y en un segundo año se capacite en las peculiaridades de cada sector. Esto contribuirá sustantivamente a la gobernabilidad en la —hasta ahora fallida— regionalización de la nación. Esta academia es fundamental para resolver los problemas de formalización y de retraso de los proyectos mineros.

La dispersa autoridad minera

Otro de los problemas que deberá ser resuelto es la carencia de una legítima autoridad minera que tenga jurisdicción en las cuatro actividades administrativas que concurren en el devenir minero. Es decir, la promoción, la titulación, los permisos y la fiscalización.

En la actualidad, estas cuatro funciones públicas se hallan dispersas en diversas instituciones del Estado sin mayor coordinación, ni alineamiento de objetivos. Se recomienda su fusión en una sola entidad con alcance geográfico en las quince regiones con mayor actividad minera a nivel nacional. 

La minería, sea grande, mediana o pequeña debe seguir estos cuatro pasos fundamentales. La pequeña minería requiere una gran cruzada de capacitación técnica y administrativa antes de aplicarles la mano dura de las interdicciones. La gran minería requiere una gran intervención estatal de gestión conciliadora que permita salvar las grandes distancias culturales y misionales que las separa de la singular cosmovisión comunal. 

La disgregada investigación territorial

Para sobrevivir, toda nación debe aprovechar al máximo sus recursos naturales conociéndolos gradualmente mediante investigaciones multidisciplinarias que deben irse registrando y archivando metodológicamente para planificar una mejor utilización integral, con la finalidad de lograr el desarrollo técnico, económico, social y ambiental que sirva de base al diseño de la mejor infraestructura del territorio. Tenemos muy buenas instituciones que aportan significativamente al conocimiento de nuestro prodigioso territorio, pero lo hacen en forma aislada e independiente.

Para que este gran trabajo de investigación sirva como principal insumo a los planes de desarrollo nacionales, regionales, y locales, es menester aumentar sus niveles de coordinación y alineamiento, para lo que se sugiere sean fusionados en una sola institución que compartan una sola administración y base de datos compatibles: el Instituto Peruano de Investigación Territorial. 

Los esfuerzos de formalización de la pequeña minería

En la misma forma en que se intenta promocionar a la pequeña empresa agrícola e industrial, ya que se estima que contribuyen significativamente a la reducción de la brutal tasa de desempleo, el desarrollo de la pequeña minería debe apoyarse porque es una importante acción que sustenta el modelo de economía social de mercado en el que basamos nuestro desarrollo. 

Construir minas exitosas requiere fundamentalmente de ingenieros geólogos, mineros, metalurgistas y supletoriamente de ingenieros mecánicos, electricistas, e industriales que definan en forma simple el “debido proceso técnico”. Luego de tener minas exitosas —rentables— se podrá establecer con mayor facilidad las normas que legitimen el proceso administrativo y de comercialización. Si lo hacemos al revés, como parece ser la tendencia, corremos el riesgo de formalizar minas improductivas que destruyan el mismo proyecto de formalización que se intenta llevar adelante.


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