Por: Jorge Castillo Luco, director ejecutivo del Centro de Arbitraje y Mediación Minero (Chile).

Estamos viendo una era en que la conciencia social y ambiental se ha posicionado como un valor importante en un alto porcentaje de los ciudadanos del mundo. Lo que es bueno y a lo que nos adherimos.

Sin embargo, en diversas ocasiones, por desconocimiento o intereses partidistas, el intento de protección a ultranza afecta el desarrollo del sector de los recursos naturales.

Es una difícil, pero no imposible, conciliación entre el desarrollo y el cuidado del medio ambiente y de quienes habitan este planeta. Y esta vorágine a Chile le pega fuerte.

En nuestro país, líder en la producción de cobre y con tradición minera, el camino no se ve fácil a futuro. Lo mismo sucede con la instalación de parques de energías renovables, donde el paisaje se ve afectado y las comunidades no los quieren tener cerca.

Sin embargo, hay que recordar que las arcas fiscales de Chile cuentan con recursos para los programas sociales y otros por lo que reditúa el sector minero, lo que no es menor. A esto se suma, que cada uno de los proyectos u operaciones que están en marcha, lo han podido hacer por cumplir con la normativa vigente.

Muchos dirán que no es suficiente. Puede ser. Y seguramente algunas de las propuestas que se plantean para plasmar en la nueva Constitución Política o, bien, los programas de gobierno de los candidatos presidenciales, pueden cambiar las reglas, pero eso no debería modificarse lo ya existente.

Lo que podría cambiarse son los proyectos que forman parte de la carpeta de US$ 74,047 millones al 2029. Además, 100 proyectos mineros consiguieron aprobación ambiental a marzo 2021, que equivalen a una inversión total de US$ 25,681 millones y generarán 83 mil empleos: 57,282 en la etapa de construcción y 23,619 en la fase de operación.

Esto es trascendente por cuanto el país, en esta etapa de la pandemia, requiere generar puestos laborales. Sin embargo, ninguno de ellos estará exento de potenciales controversias.

Desde antes que se inicien los proyectos los mandantes deben relacionarse con terceros, desde empresas de ingeniería hasta las comunidades, en alguna parte del camino el proceso se puede complicar.

Es aquí donde el Centro de Arbitraje y Mediación Minero (CAMMIN), juega un papel relevante para evitar la paralización de los mismos por temas judiciales o contractuales.

CAMMIN es un aliado para las partes, considerado para interactuar la primera etapa de los proyectos, donde a través de la mediación y acompañamiento contractual, del arbitraje, de los Dispute Resolution Board, se estructura un soporte externo vinculante y altamente sensibilizado en minería, energía y medio ambiente. Estos vienen a establecer fases o etapas que precluyen de manera armónica para las partes, en orden a dar continuidad de giro en relación al VAN que ha sido comprometido.

Todos estamos por la sustentabilidad y mitigar los efectos que ayudan al cambio climático, pero también considero que todos deben seguir adelante, con mejores prácticas y utilizando las herramientas que el mundo actual nos entrega.