Por: Juan Carlos Zevallos, abogado especialista en Derecho Minero, Corporativo y Negociación.  

Hace dos meses atrás, y en su discurso de investidura ante el Parlamento Nacional, el recientemente reemplazado primer ministro Guido Bellido, expresó que una de las líneas base demarcadas para poder vencer la pandemia del COVID-19 y reactivar la economía, eran la gestión de cobranza efectiva y rápida de las deudas tributarias y la creación de nuevos gravámenes en el sector minero-energético.

En tal sentido, el Sr. Bellido señaló que el gobierno nacional crearía contribuciones que serían definidas en base a sobreganancias en actividades extractivas. Esto último, en aquellos casos donde los preciosinternacionales de los minerales se han incrementado considerablemente. Esta iniciativa, que forma parte de una de tantas promesas de la campaña presidencial de Pedro Castillo, se sustenta en la noción que los costos de producción de cobre en el Perú suelen ser los más bajos del mundo. 

Además, se postula, de forma equivocada y sesgada, que las empresas mineras transnacionales se encuentran generando ganancias excepcionales, las mismas que no están asociadas con nuevos compromisos de inversión o desembolsos por tecnología, sino que se sustentan en las variaciones de la cotización de los minerales en el mercado internacional. 

Un aspecto que llama mucho la atención, con respecto a esta propuesta y sus motivaciones, es el hecho que un sector del gobierno peruano considera que las empresas mineras no aportan lo suficiente al Estado y que obtienen abundantes ganancias, hecho que consideramos, por supuesto, muy alejado de la verdad. En esta línea, algunos representantes del gobierno del presidente Castillo como el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, parten de una premisa inexacta de que las empresas mineras están para aportar más considerando que en el pasado ya lo hicieron. 

Evidentemente, estas afirmaciones manifiestan un profundo desconocimiento de la real naturaleza, características, aporte económico y contribución social de la minería para el desarrollo del país. El gobierno peruano, no parece tener presente que las empresas mineras formales tienen una carga fiscal o impositiva que asciende al 57% de sus ganancias. Esto último, fue señalado por el expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos Gálvez Pinillos. 

Siguiendo este orden,  el referido ejecutivo añadió que junto a la dantesca carga de gastos, contribuciones e impuestos se debe de tomar en cuenta el gran caudal de inversiones de las mismas empresas mineras con la finalidad de sostener la producción. Es así, que señala que los inversionistas mineros suele encarecer las ganacias de las compañías. De este modo, llegan a quedarse, como utilidad, con entre el 20% o 30% de las ganancias. 

En tal sentido, es especialmente desconcertante e inquietante que el gobierno actual en vez de transmitir una conducta proinversión, promoviendo políticas claras, estables y atractivas hacia la inversión minera, intente poner en agenda nuevos impuestos y contribuciones. Decimos esto, debido al hecho que ya en el gobierno del expresidente Ollanta Humala se emplazó al sector a negociar nuevos aportes e impuestos, lo que arrojó nuevas disposiciones legales que ahora se encuentran plenamente vigentes. 

En esta línea, con todo este aire demagógico y efectista, se promovió y promulgó nuevos dispositivos normativos que contemplaban aportes específicos al sector vía impuesto especial. De hecho, este paquete de normas aprobadas en el referido gobierno, se extendió también a empresas con contrato ley, las mismas que no debieron verse comprendidas en estas disposiciones pues tenían un régimen especial. 

Cabe señalar, que ya en nuestro país hemos acogido impuestos progresivos dirigidos precisamente a intervenir en las llamadas ganancias extraordinarias o “sobreganancias”, no sabemos en qué medida, el agregar un impuesto de esta naturaleza pueda favorecer necesariamente la calidad, competitividad y productividad del sector. Más aun cuando nos encontramos en una carrera internacional por posicionarnos como destino inmejorable y atractivo para la inversión minera. 

Lógicamente, implementar impuestos en función a criterios tales como el precio de los metales, no contribuye a lograr la finalidad de hacernos interesantes e irresistibles para la inversión. Con esto no estamos diciendo, que al aplicar estos impuestos no habrían más ingresos en recaudación para nuestro país. Sin embargo, también resulta una verdad irrefutable que al aplicar impuestos progresivos, se llega a emitir una señal de alerta negativa a la inversión, aullentando cualquier plan de inversión de capital. 

En este punto, lo que genera preocupación al inversionista, es que las cargas impositivas no sean discriminatorias y confiscatorias. Desde luego, aplicar impuestos como los postulados por el gobierno del presidente Castillo, podrían impactar muy negativamente en la inversión minera, toda vez que conduciría al empresario minero a desistir o recortar planes de inversión en nuestro país. 

En este punto, queremos puntualizar que los representantes del gobierno, ante el profundo desconocimiento y afán populista, muestran poca comprensión del sector, sus necesidades de inversión, sus riesgos y las condiciones de las que debe gozar para alcanzar niveles de calidad, competitividad y productividad para promover negocios mineros en el país. 

En esta línea, vale hacer hincapié que no todos los proyectos mineros en exploración, y con estudios avanzados, suelen desembocar en una operación minera. Por ello, los proyectos mineros suelen tener largo aliento, altos riesgos y altísimos niveles de inversión. 

Es en este proceso, donde el empresario minero hace grandes compromisos de inversión en estudios, maquinaria y personal. Es por este motivo, que al encontrarnos en una coyuntura en la cual se requiere reactivar la economía, generar empleo, fomentar servicios, atraer más capital para actividades mineras y posicionar mejor nuestra producción de metales, es que se hace imperativo formular políticas económicas transparentes y razonables, reglas fiscales claras, procesos sencillos e instituciones fuertes. 

La idea, en lo que concierne a la inversión minera, es hacernos fuertes en normas que favorezcan la actividad de exploración, explotación y demás labores que requieran concesión. En esta línea, es que debemos proscribir o descartar disposiciones que busquen hacer retroceder al sector, aullentar capital y afectar la cadena productiva. De hecho la minería, no solo reporta trabajo, desarrollo, progreso y bienestar, sino que promueve la industria nacional, la ejecución de obras, la expansión productiva y capacitación constante en los lugares donde proyectan sus operaciones. 

Siguiendo este mismo orden de ideas, de lo que se trata es procurar el desarrollo, tecnificación y expansión de la actividad productiva manteniendo la fuente.  De otro modo, sería como si se tuviera una vaca a la que se le quisiera sobrecargar o explotarla con producción de leche sin reparo de los cuidados necesarios que estas deben de tener para asegurar su producción. Esto es, sin tener en cuenta su alimentación, el descanso necesario y las mejoras en su bienestar.  

En esta línea, creemos que las disposiciones legales en materia minera deben orientarse a reducir trámites engorrosos, disminuir la carga tributaria y fomentar la calidad, innovación y productividad del sector. El objetivo central, es generar estímulos para invertir y no crear reparos que afecten el producto interno del país, la recaudación y demás indicadores económicos. 

Experiencias estatistas, intervencionistas o demagógicas, que se produjeron en nuestro país y en naciones de la región como Bolivia, Venezuela y Argentina dan cuenta del gran fracaso que pueden producir políticas fiscales, económicas y administrativas arcaicas, erróneas y temerarias. Por ejemplo: si hablamos de Bolivia, podemos decir que es un país en el cual se han paralizado inversiones, hecho que afectó tremendamente la recaudación, el desarrollo de nuevos proyectos mineros y los compromisos de inversión. 

Lamentablemente, con estas políticas desfasadas, alejadas de la tendencia mundial en materia minera e irresponsables en lo político y técnico, se suele afectar a la clase trabajadora y al mismo Estado, toda vez que deja de percibir ingresos para sus actividades esenciales, ingresos para invertir en obras públicas, obras de saneamiento y demás inversiones esenciales que garanticen mejores niveles de bienestar y desarrollo de la población. En este sentido, medidas tributarias que busquen  aumentar la presión impositiva no hacen más que afectar la competitividad, eficiencia, calidad y el ingreso de mayores volúmenes de capital minero. 

En este punto, es a todas luces evidente que la inversión minera no solo logra desarrollo urbano, progreso social, crecimiento económico, competitividad y bienestar para la población, sino que conlleva un gran bagaje tecnologico y un aumento significativo de la productividad. 

En ese orden, consideramos pertinente hacer hincapié que no estamos en desacuerdo con todas las disposiciones a nivel tributario que propone el gobierno del presidente Pedro Castillo, ya que la finalidad del sistema económico, y de una política fiscal responsable, debe ser la de formalizar los sectores económicos con normas que ofrezcan simplificación administrativa y facilidades para formalizar a los profesionales y comerciantes, luchar contra la evasión y elusión tributaria y fiscalizar actividades como la minería informal, la minería ilegal y demás actividades productoras de riqueza que se encuentran fuera del radar de la Sunat. 

En este punto, nos animamos a decir, que el problema no son los pequeños, medianos y grandes contribuyentes de tributos y contribuciones en el país, sino la gran masa laboral de actividades, comercios y profesionales independientes para quienes el ente recaudador se encuentra fuera de su radar. No es un secreto, que en el Perú tenemos elevados niveles de incumplimiento tributario, el mismo que según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se ha estimado en 7% del PBI.

Cómo es lógico, este elevado nivel de incumplimiento tributario encuentra su explicación en el alto grado de informalidad, la gran complejidad y falta de recursos del sistema tributario, en problemas de gestión y recaudación de Sunat, así como en la falta del uso de mecanismos digitales, electrónicos y de normas que promuevan la simplificación administrativa. Como se puede percibir, la solución a los problemas de recaudación, no está en imponer más cargas y gravámenes a sectores como el minero que suelen aportar sumas cuantiosas por tributos al Estado. 

Pero, si se pretende generar mayor recaudación e ingreso de capitales, la opción de crear nuevos impuestos, aplicar tributos progresivos y gravámenes motivados por criterios políticos, no es la solución ni garantizará más flujo de capital.

En este orden de ideas, creemos conveniente establecer, que solo podremos tener mayores niveles de capital, ingresos y recaudación tributaria siempre y cuando preservemos la competitividad de nuestro marco legal minero, brindando reglas claras, asegurando una política económica responsable y respetando los convenios de estabilidad tributaria y la seguridad jurídica. 

Definitivamente, es crucial para un país como el nuestro mantener un equilibrio económico, evitar la intromisión política y la imposición de cargas y gravámenes confiscatorios que diluyan la inversión nacional y extranjera o que nos lleven a tribunales internacionales. De esta manera, lo que se tiene que asegurar no es solo que se genere inversión y que se registren grandes inversiones, sino que se sepa cómo se van a usar los recursos principales y adicionales que se requieran captar. 

Decimos esto, porque muchas veces el problema real no es la recaudación sino la falta de competencia, eficiencia y transparencia del gasto que se distribuye en los distintos niveles de gobierno. A ello, debemos agregar la falta de cuadros profesionales y técnicos que sepan canalizar el recurso hacia obras relevantes para su región, distrito o provincia, así como la permanente corrupción inserta en la contratación pública y demás problemas estructurales de nuestra burocracia.  

Ahora bien, y en este punto de la discusión, consideramos pertinente resaltar que el factor político desafortunadamente no mide muchas veces con justicia y objetividad la real connotación, importancia y dimensión de la actuación de las empresas minero-extractivas, pues muchos gobernantes desde una perspectiva populista cargados de demagogia, suelen efectuar promesas de campaña sustentadas en el compromiso en firme de obtener una mayor contribución de las arcas de la empresa extractiva. 

En este escenario, los gobernantes, de manera errónea se sienten tentados de considerar a las empresas mineras como un grupo de compañías que lucran abusivamente con ganancias exorbitantes, pero sin compensar adecuadamente al Estado y a la comunidad. Es en esta coyuntura, donde de manera audaz y ligera, suelen aparecer promesas políticas irresponsables y antitécnicas como la propuesta por expremier Guido Bellido, que no hacen más que generar dificultades al país a la hora de captar inversión, ahuyentando la iniciativa privada minero-extractiva, poniendo en riesgo la seguridad jurídica, la estabilidad tributaria y generando un efecto perjudicial en lo que concierne a la promoción del desarrollo y progreso del país. 

De este modo, y siguiendo esta línea, queremos subrayar que mientras el pueblo mira con fervor, y extremo beneplácito, estas propuestas populistas de los gobernantes, se descuida el problema central que plantea la recaudación de mayores impuestos y contribuciones para el gobierno nacional, que ya lo esbozamos líneas atrás y es la incapacidad de los distintos niveles de gobierno de gestionar con eficiencia y racionalidad los recursos del tesoro público con el fin que se puedan extender a las distintas poblaciones de las regiones del país. 

Es en ese orden, que la solución para el problema de la falta de asignación de fondos desde el gobierno central, a las áreas que lo requieren, no pasa por realizar incrementos inconvenientes y temerarios de los tributos, y las contribuciones a las empresas mineras con fines efectistas y políticos, sino que se debe de asegurar que se garantice una adecuada distribución de los recursos que se recaudan y que estos sean debidamente gastados en función a cronogramas claros y serios con compromisos de inversión. Solamente, de esta forma se puede asegurar una ejecución presupuestal eficiente, equitativa y razonable de los recursos reservados a los gobiernos locales y regionales. 

Fatalmente, el presupuesto que es asignado para el gasto público y para el desarrollo de inversiones sociales en las áreas comprendidas en el entorno de la operación minera, no se invierte de manera inteligente en consonancia con los intereses y expectativas de las áreas involucradas. Solo basta recordar, que actualmente en nuestro país, el esquema impositivo minero es por demás muy oneroso. 

Incluso, esta situación se fue agravando más, hasta generar sobrecostos tributarios,  en el gobierno del expresidente Ollanta Humala, donde se incrementó de manera sustancial los aportes e impuestos mineros y se crearon otros que precisamente afectaban las utilidades y regalías. 

Actualmente, en el Perú las empresas del sector minero-extractivo asumen el pago de distintos impuestos y contribuciones, tales como: la Regalía Minera (Ley 29788º), el Impuesto Especial a la Minería (Ley 29789º) y el Gravamen Especial a la Minería (Ley 29790º), entre otros pagos como producto de la concesión. Aquí, no estamos detallando los grandes caudales de dinero que aportan por impuestos las empresas mineras, compromisos de inversión y compromisos sociales que también son elevados. Es así, que en base a lo expuesto, no consideramos prudente y recomendable crear más impuestos o contribuciones que encarezcan la inversión y modifiquen unilateralmente el régimen tributario-minero. 

Siguiendo esta línea, vale afirmar que el régimen tributario minero debe de ser predictible para garantizar, al propio Estado y la comunidad, una participación equitativa, oportuna y sostenible de la renta generada. Cabe resaltar, que el sector minero es hoy por hoy el motor de la economía peruana y un gran vehículo de desarrollo.

Por este motivo, iniciativas como la propuesta del Sr. Bellido, lejos de promover la inversión, ahuyenta cualquier iniciativa de desarrollo e iniciativa privada al transmitir una idea de falta de claridad económica, inestabilidad política y ausencia de predictibilidad impositiva. 

En este orden de ideas, cabe afirmar que la minería es una actividad eminentemente riesgosa y onerosa en su etapa de exploración. Como ya lo detallamos líneas atrás, en promedio, de cada 100 iniciativas de exploración, por lo general, una se convierte en yacimiento minero. 

Además, consideramos prudente señalar que la minería es un sector altamente sensible, especializado, riesgoso, costoso y fuertemente volátil. A su vez, el precio de los metales, insumos y el comportamiento del sector minero es muy sensible a los movimientos del mercado internacional, motivo que dificulta aún más su dinámica. A esto último, debemos añadir que en el 2020, la actividad minera en el Perú registró un descenso importante en la producción, inversiones y recaudación debido a la inclemente y fortuita pandemia de la COVID-19. 

En este periodo, en el que se estableció una cuarentena medieval, de las más estrictas del mundo, en general todas las actividades económicas se vieron seriamente afectadas. De hecho, este escenario terrible condujo a una caída libre al sector, generando un descenso en los indicadores económicos de la minería. Debemos recordar, que recién en mayo de 2020, se reanudó su actividad de forma paulatina en medio de una reactivación dividida en tres fases. 

Estos sucesos, indudablemente, nos llevan a cuestionar medidas poco prudentes y razonables que pretenden agregar más grávamenes y cargas impositivas a la actividad minera. Decimos esto, porque en una coyuntura tan favorable y propicia para la actividad minera, debido a la mayor producción y los altos precios de los minerales como el cobre, se deberían de proponer medidas administrativas e incentivos tributarios a la actividad minera y no más trabas y gravámenes que encarezcan la inversión en este sector. 

Más aun, cuando el sector afrontó una coyuntura de tanta agitación, con muchos problemas de operación y producción, además de la caída general del sector productivo, construcción y el bajo rendimiento de los indicadores económicos a nivel internacional. Según datos del Ministerio de Energías y Minas del Perú, el pasado año 2020 el sector tenía proyectada una inversión que superaría los US$/. 6,500 Millones, sin embargo, debido a la pandemia, solo se alcanzó a duras penas los US$/. 4,334 Millones. 

En suma, la inversión tuvo una caída considerable que ascendió 29.6% debido a la emergencia sanitaria, la misma que obligó a reconfigurar o redefinir los cronogramas de inversiones. Desde luego, la producción minera registró una pérdida de -13.5%, lo que representa el desempeño más bajo en las tres últimas décadas[1]. Lastimosamente, y a pesar de la reactivación productiva progresiva que tuvo lugar a partir de junio de 2020, el sector minero no logró una recuperación plena durante el año pasado, sino recién a partir del segundo semestre del 2021, por factores como el alza de metales tales como el oro y cobre. 

Este mejor desempeño, según especialistas en el campo tributario, como Marcial García de EY Perú, se extendió tanto a la producción como a las inversiones, que se incrementaron, y al empleo del sector. Con todos estos indicadores bastante auspiciosos, como el bienestar generado por la actividad, el trabajo promovido, las inversiones comprometidas y la gran presión tributaria, no entendemos como se pueden proponer iniciativas dirigidas a encarecer la iniciativa privada y ahuyentar la inversión. 

Esto último, en vez de promoverla y dictar medidas que incentiven la inversión, eliminen trámites innecesarios, simplifiquen procesos, flexibilicen el acceso al crédito y brinden menos carga impositiva. Lastimosamente, en el Perú aún persisten corrientes ideológicas y políticas, las mismas que buscan desprestigiar al sector y echar sombras sobre esta noble y productiva actividad como es la minería.  En ese sentido, algunos grupos, con abierto sesgo contrario a la minería que buscan satanizarla, suelen propalar información falaz y sin sentido que induce al error a la población con respecto a los efectos de la minería. 

Esta demás decir, que al final estas acciones perjudican al país y su población, ya que se pierden oportunidades de crecimiento económico, bienestar, generación de empleo y la necesaria recaudación fiscal. Es obvio, en este punto, que la información emitida por sectores contrarios a la minería carece de sustento, ya que la evidencia de los resultados demuestra lo contrario. 

Lo más sorpredente de lo señalado por quienes se oponen a la actividad minera, es el hecho que afirmen que la minería no aporta al pueblo, y su Estado, todo lo que debería de desembolsar, cuando la carga tributaria minera en Perú es más alta que la de sus otros países competidores[2]. Como podemos advertir, la minería formal y responsable ofrece grandes caudales de oportunidad de crecimiento económico, mejora en el bienestar y desarrollo del país, así como en opciones de generación de mano de obra especializada, en la industrialización y la gran posibilidad de contar con obras de envergadura que nos deje importante infraestructura en el territorio. 

No debemos perder de vista, que el sector minero tuvo un papel protagónico en el combate frontal e implacable frente al terrible flagelo del coronavirus y sus efectos. Esto último, a través de sus donaciones, apoyo operativo y permanente coordinación con el gobierno central, y gobiernos regionales y locales, para sumar esfuerzos en prevención, tratamiento y contención del virus.  

Obviamente, estamos en contra de la minería informal o ilegal, que lastimosamente no son formales, evaden impuestos, actúan de manera soterrada y no recurren a prácticas ambiental, social y operacionalmente responsables. Un dato que creemos importante resaltar, es que en la actualidad, el país contabilizó una cartera de 46 proyectos mineros. Es un hecho, que esta información ha generado gran expectativa de inversión y desarrollo para este y el próximo año. Sobretodo, por los precios de metales, demanda y el mejor comportamiento de los mercados. 

Cabe resaltar, que estos proyectos representan una inversión que ascienden a US$ 56,158 millones. Esto último, de acuerdo a los datos propalados por la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera del Ministerio de Energía y Minas (Minem)[3]. Con lo dicho hasta aquí, no podemos sino resaltar que el sector minero es un actor clave en el desarrollo, bienestar y en el buen desempeño de la economía peruana. De hecho, que estamos hablando de un partícipe clave en la dinámica productiva, en la recaudación y en el desarrollo del Perú.  

No cabe duda alguna, que la minería es una actividad productiva indispensable para la marcha económica del país. En esta línea, si hablamos en términos de exportaciones, niveles de inversión, índices tecnológicos, porcentaje de participación en el PBI (en la producción total del país), y en la generación de empleo (directo e indirecto) como lo afirman distintos gremios empresariales, el sector minero aporta grandes beneficios. 

Es así, que siendo la minería una actividad preponderante para la industrialización, el desarrollo, la producción y el crecimiento económico del país, resulta importante que esta industria crezca, se diversifique y se expanda para seguir generando más recursos para el erario nacional, de lo contrario, habrá retroceso en la industria, contracción económica y la pérdida de potenciales ingresos para el país.

En este punto, creemos necesario subrayar que en un país como el nuestro no podemos vernos relegados de acoger la inversión minera y ahuyentar cualquier iniciativa privada, al privilegiar medidas antitécnicas, demagógicas e irresponsables. Naturalmente, si el propósito central del país es captar inversión minera, atraer mayor flujo de capital y trabajo, destacar al Perú como destino inmejorable para la inversión y ejecutar obras trascendentales para al país, entonces una de sus acciones principales debe ser la de emitir normas que promuevan la estabilidad de la inversión, asegurando un régimen impositivo claro y estable, sin aplicar progresiones de impuestos que puedan resultar discriminatorias ni confiscatorias, entre otras facilidades para el tratamiento de la inversión. 

En tal sentido, lo que necesitamos hoy en día es un gobierno promotor de la inversión minera, facilitador del desarrollo, orientado a promover flexibilidad, simplificación administrativa y que fortalezca sus instituciones. De este modo, tendremos un país hábido de inversión, de proyectos de envergadura, de obras sociales, de personal calificado, puestos de trabajo, desarrollo y bienestar para sus habitantes. 

En este mismo orden de ideas, y para ser competitivos, y diferenciarnos de nuestros países competidores, es que debemos promover normas y políticas que nos distingan de otras economías y países mineros, a través de: normas que otorguen mayor seguridad jurídica a la inversión, instituciones fuertes dirigidas por personal técnico experto en el sector[4], normas predictibles, políticas que fomenten las libertades económicas, políticas que atraigan inversión en exploración y desarrollo de proyectos mineros y una política fiscal prudente y racional. 

Desde luego, esta posición privilegiada con respecto a la inversión minera, solo se logrará respetando las libertades económicas, seguridad jurídica, y la tan ansiada estabilidad política que hoy se requiere más que nunca. Esto último, sin demagogias ni populismos que encarezcan la iniciativa privada y desplacen al Perú de su actual sitial como país de condiciones inmejorables para la inversión. Muchas veces, quienes más critican al sector minero, son quienes menos conocen el detalle de esta actividad productiva desde adentro, su significado, su obra y su legado. 

Tampoco podemos negar que hay casos de grupos sociales que deliberadamente rechazan la actividad por razones ideológicas, políticas o personales que solo ellos entienden. Incluso, pueden haber personas que consideren que la minería no aporta lo suficiente al país, contamina y se enriquece con los recursos de la nación. Definitivamente, hay mucho desconocimiento, ignorancia y sesgo en el juicio a la actividad minera. De hecho, este rechazo forzado por intereses ocultos o subalternos, muchas veces por versiones antojadizas de quienes se oponen a esta actividad, ha venido haciendo eco en ciertos lugares del país bajo concepciones erróneas. 

En esta línea, y aunque son visibles y cuantificables los ingentes beneficios de la actividad minera, tanto el Estado peruano como la empresa minera deben continuar expandiendo el mensaje de valor, desarrollo, crecimiento y progreso que envuelve la actividad minera. Muchas veces, los chismes o hechos negativos, o escandalosos, tienden a propagarse con mayor rapidez que lo que debería pasar con acciones nobles y hechos notables como el que desempeña el sector minero peruano. Quizá muy pocos lo saben, pero para desplegar una operación minero-extractiva, las compañías comprometen grandes esfuerzos, ilusiones, recursos y un flujo relevante de conocimientos técnicos, inversiones sociales y de infraestructura, entre otras mejoras como las propias del mercado laboral, al promover el empleo. 

Al señalar esto, resulta a todas luces evidente el gran aporte de la actividad minera dentro del quehacer nacional. Lamentablemente, estas grandes contribuciones sociales, técnicas y tributarias que arroja la actividad minero-extractiva, muchas veces son soslayadas y poco reconocidas desde el plano político, y en vez de eliminar obstáculos o cargas para facilitar la misma, por el contrario, se empeñan en generar más problemas para esta. 

No queremos concluir el presente artículo, sin antes resaltar el inmenso legado, y valiosa contribución, que brindó don Alberto Benavides de la Quintana[5], gran emblema y pionero de la minería peruana, cuando al referirse a la actividad minera, su contribución y su alcance social, señaló lo siguiente: “Algo se ha hecho por unir nuestras agrestes serranías con la plácida, aunque árida región costera, y en ese afán mucho es lo que ha contribuido y seguirá contribuyendo la minería, pero hay todavía mucho por hacer. Creo que el país debe ser consciente, de este importante rol que ya juega la minería pero que será aún más notorio cuando se pongan en producción los proyectos mineros que existen en cartera (…)”.

Ante estas expresiones, no tenemos más que decir que tenía razón don Alberto al exponer estos puntos, sobretodo, en su visión de país al predecir la enorme importancia del rol de la minería y la necesidad de articular el interés social del Estado con el progreso y desarrollo económico que brinda la minería al país. Indudablemente, aún en nuestros días, a pesar de todo el progreso y desarrollo que nuestro país ha alcanzado con la inversión minera, el camino a la integración, inclusión social, el combate a la pobreza y la consolidación económica, existe todavía ese reto, pues el trayecto requiere de esfuerzos y trabajo conjunto para ir con armonía. 

Para este fin, como es incuestionable, se requiere un Estado fuerte, sólido y promotor de la inversión con políticas tributarias claras y estables. Al mismo tiempo, se necesita empresas mineras dispuestas a cooperar al máximo en el desarrollo de proyectos mineros en armonía con el medio ambiente, el desarrollo, los derechos humanos, la sociedad, los grupos de interés y con todos los actores políticos y del sector minero.  

Bibliografía

Editor Tiempo Minero. Nuevos impuestos a mineras en Perú aplicados con cautela no serían rechazados. Tiempo Minero. Minería. Camiper. Julio 2021.

https://camiper.com/tiempominero-noticias-en-mineria-para-el-peru-y-el-mundo/nuevos-impuestos-a-mineras-en-peru-aplicados-con-cautela-no-serian-rechazados/

 García, Marcial. ¿De qué impuesto a las sobreganancias hablamos? Perú-Opinión. El Comercio. Agosto 2021.

https://elcomercio.pe/economia/peru/de-que-impuesto-a-las-sobreganancias-hablamos-por-marcial-garcia-opinion-noticia/

Plantean a Pedro Castillo un cambio en la política tributaria minera de Perú. Agencia EFE. Edición América. Perú Minería. Julio 2021.

https://www.efe.com/efe/america/economia/plantean-a-pedro-castillo-un-cambio-en-la-politica-tributaria-minera-de-peru/20000011-4591945

https://exitosanoticias.pe/v1/el-peru-debe-poner-impuesto-a-las-sobreganancias-mineras-considera-de-echave/

El 57% de las ganancias mineras van al Estado. Tecnología Minera. Diario Correo.

https://tecnologiaminera.com/noticia/carlos-galvez-el-57-de-las-ganancias-mineras-van-al-estado-1625033898

Quinde, Bryan. Gobierno peruano reafirma intención de aumentar impuestos ante sobreganancias mineras. Tiempo Minero. Minería. Camiper. Agosto 2021.

https://camiper.com/tiempominero-noticias-en-mineria-para-el-peru-y-el-mundo/gobierno-peruano-reafirma-intencion-de-aumentar-impuestos-ante-sobreganancias-mineras/

Energiminas. De cada S/.100 de utilidades de las mineras formales el 50% se queda en Perú. Energiminas. Jueves Minero. Minería. Noviembre 2020.

https://energiminas.com/jueves-minero-de-cada-s-100-de-utilidades-de-las-mineras-formales-el-50-se-queda-en-peru/

Dirección de Promoción Minera. Minería peruana: motor de crecimiento. Ministerio de Energía y Minas Perú. Boletín Estadístico Minero. Edición Nº 12. 2020

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/PUBLICACIONES/VARIABLES/2020/BEMdic2020.pdf

Vera Ramírez, Natalia. Análisis a las 500 mayores empresas mineras de Perú: minería con poco brillo. América Economía. Perú. Agosto 2021.

https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/multilatinas/analisis-las-500-mayores-empresas-de-peru-mineria-con-poco-brillo

Revista Rumbo Minero. Proyectos mineros 2021 – 2025. Edición Nº 33. Pg. 52 – 54. Febrero 2021.

https://www.rumbominero.com/revista/informes/proyectos-mineros-2021-2025/

[1] Esto último, de conformidad a información recabada del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

[2] Según palabras del experto tributarista, Marcial García, socio de Impuestos de EY Perú, «De cada S/ 100 de utilidades de las compañías mineras formales, el 50% se queda en el Perú.

[3] De esta relación se ha anunciado que para este año iniciarían obras 7 proyectos, los cuales representan una inversión de más de US$ 3,500 millones, y están ubicados en las regiones de Ica, Puno, Cajamarca, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Moquegua. Estos proyectos son Ampliación Shouxin, Chalcobamba Fase I (proyecto de reposición de Las Bambas) y Pampacancha (proyecto de reposición de Constancia), así como los proyectos Corani, Yanacocha Sulfuros, Optimización Inmaculada y San Gabriel, que estaban previsto comenzar en el 2020, sin embargo debido a la pandemia fijaron su inicio de construcción para este 2021. Cabe precisar que de estos 7 proyectos tres son auríferos, dos cupríferos, uno de hierro y otro de plata, de los cuales tres se encuentran actualmente en la etapa de Ingeniería de detalle. De acuerdo a la Cartera de Proyectos de Construcción de Mina presentado por el Minem se indica que Reino Unido es el país con mayor participación en la inversión global con US$ 12,066 millones, seguido de China con un total de US$ 10,425 millones, y en la tercera posición figura Canadá con US$ 8,574 millones. También se señala que de los 46 proyectos, 36 de ellos son proyectos de minas nuevas o greenfield que suman una inversión de US$ 51,100 millones, mientras que los 10 restantes son de tipo brownfield con una inversión conjunta de US$ 5,058 millones.

[4] Para un sector tan profesional, técnico y especilizado como el minero, se precisa de personas competentes y calificadas en los puestos claves, de avanzada y con poder de decisión, más aun, en un ministerio como el de Energía y Minas.

[5]   Palabras proferidas en el marco de la ceremonia de homenaje organizada por Confiep al señor Alberto Benavides de la Quintana, por su destacada trayectoria empresarial (20 Nov. 2012).