Por: Claudia Navas, analista de Riesgos de Control Risks para Perú. 

El inicio de la administración de Pedro Castillo marca el comienzo de un cambio político sin precedentes en un país con una tradición de gobiernos de centro derecha a extrema derecha, lo que significaría a su vez modificaciones en el clima de riesgo regulatorio y político que enfrentarán las empresas en los próximos años. 

En ese sentido, entre las consideraciones que deben tener las compañías están los contratos y nuevos riesgos fiscales, los direccionadores de la agenda social, mayor entusiasmo en las políticas reguladoras, prospectos de reformas limitados, así como nuevos actores oportunistas.

El hecho de que las organizaciones logren comprender el impacto de la inestabilidad política en sus respectivos sectores, será clave para disminuir los riesgos que puedan afectar sus operaciones. Así, por ejemplo, el incremento y rigidez de las fiscalizaciones de empresas mineras y del sector de energía será una de las medidas que pondrán en mayor riesgo la continuidad de los proyectos. Las compañías deberán asegurarse de cumplir con las obligaciones fiscales, ambientales y sociales que se demanden.

El gobierno buscará avanzar hacia proyectos de minería, petróleo y gas, y servicios públicos, no obstante, y de acuerdo al análisis de la situación que realizamos, las empresas deberán tener presente ciertas consideraciones como:

Contratos y nuevos riesgos fiscales: las nacionalizaciones y expropiaciones son improbables. Asimismo, aunque el gobierno ha dicho que revisará los acuerdos de estabilidad fiscal, la medida no será tan estricta debido a obstáculos legales. Se esperan cargas tributarias adicionales proyecto por proyecto, dependiendo de si las compañías tienen demandas locales de las comunidades, el control de contratos y la dirección de monopolios y cuasi monopolios.

Direccionadores de la agenda social: será necesario una mayor participación comunitaria en proyectos, así como impulsar inversiones sociales adicionales. 

Políticas reguladoras más entusiastas: esto podría causar medidas enérgicas y una extralimitación regulatoria, así como mayor presión pública. 

Prospectos de reformas limitados: las perspectivas de una nueva Constitución son por ahora bajas, asimismo, se espera ver reformas diluidas y un incremento de populismo legislativo. 

Aparición de actores oportunistas: se prevé que los actores oportunistas sociales y/o políticos se dirijan a las empresas en busca de aprovechar y cumplir con sus agendas. 

Aunque la estabilidad del gobierno de Castillo, a largo plazo, es cuestionable, ciertas decisiones o posturas probablemente signifiquen mayores riesgos para las compañías sea en forma de retórica antiempresarial, autoridades reguladoras más impredecibles, oposición de la comunidad o una relación de confrontación con funcionarios gubernamentales a nivel local, regional y nacional. Por ello, es de suma importancia anticipar acciones potenciales a través de la creación de escenarios personalizados y planes de acción de contingencia.