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ENFOQUE DE SOCIOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y RENTABILIDAD SOCIAL DE LA MINERÍA

Propuestas para el sector minero en Perú: ser parte de la solución “Los mapas antiguos no se pueden utilizar para explorar un nuevo mundo”. A. Einstein.

Por: Gustavo Cabrera Sotomayor, consultor internacional en ESG y sostenibilidad en minería – LATAM.


Resumen 

En los últimos años, el sector minero a nivel global viene atravesando por un periodo de incertidumbre caracterizado por múltiples desafíos y factores globales (cambio climático, incertidumbre política y expectativas de comunidades, entre otros) que motivan la adopción de nuevos modelos de gestión corporativa hacia una minería sustentable, lo que implica dejar atrás sus esquemas defensivos de sostenibilidad y gestión de riesgos para adoptar en su lugar esquemas de valor compartido con impacto social sostenible. 

El presente documento propone que, para hacer viable este nuevo enfoque, el sector minero debe incorporar como objetivo central en su modelo de negocios y gobernanza corporativa el convertirse en socio para el desarrollo sostenible (SDS) integrado y proactivo que genera y gestiona valor económico, ambiental y social (creación de valor EAS) en los territorios donde opera desde una perspectiva de desarrollo territorial integrado (DTI). 

Esta nueva visión, a su vez, requiere la adopción sistemática de cuatro principios básicos en los modelos de gobernanza corporativa: a) Desarrollo de una evaluación de impacto social (EIS), b) Enfoque de licencia de desarrollo sostenible para operar (LDSO), c) Inclusión de la estrategia ODS en los planes de gestión e impacto social bajo enfoque de desarrollo territorial integrado y d) Nuevo contrato social territorial local como marco ético de interacción con comunidades.

El documento propone que el sector minero, mediante su representación gremial y corporativa (SNMPE, IIMP), asuma un rol catalizador, de liderazgo y de mayor responsabilidad en el logro de objetivos de impacto social (ODS) en los territorios donde opera, convirtiéndose en promotor y articulador de la gobernanza territorial, desempeñando un papel proactivo en la transformación estructural de las economías locales procurando una asociación transformativa de todos los actores relevantes en el territorio. 

Asimismo, se propone que la puesta en marcha de este ambicioso objetivo requiere cambios estructurales en los paradigmas empresariales de gestión de sostenibilidad, buscando la competitividad territorial y el desarrollo sostenible desde una mirada más amplia de “creación de valor compartido” del sector minero donde se privilegien intervenciones que fortalezcan capacidades locales y la permanente búsqueda de beneficios de largo plazo. Estrategias claras de contenido local y fortalecimiento institucional no pueden estar ausentes en este nuevo esquema para hacer viables iniciativas de desarrollo sostenible.

Para el caso del sector minero en Perú se propone iniciar una cruzada nacional por logros en ODS como expresión objetiva de “impacto o rentabilidad social” de la minería desde un enfoque de desarrollo territorial integrado, buscando homogeneizar los marcos de gestión social del sector y fortaleciendo las capacidades de gestión pública a nivel local, implementando junto con entidades estatales y de cooperación internacional, planes de desarrollo de corredores económico-productivos, clústeres mineros y diversificación productiva territorial.

Introducción 

En la visión de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se sintetizan las ambiciones de futuro para una humanidad con desarrollo sostenible: 

“Estamos resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo de aquí a 2030, a combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, a construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales. Estamos resueltos también a crear las condiciones necesarias para un crecimiento económico sostenible, inclusivo y sostenido, una prosperidad compartida y el trabajo decente para todos, teniendo en cuenta los diferentes niveles nacionales de desarrollo y capacidad.” NN.UU. “Transformar nuestro mundo: La agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, New York, 2015. 

Tamaña visión requiere un nuevo “contrato social” en nuestras sociedades lo que, a su vez, plantea un enorme desafío de entendimiento, coordinación, consenso y diálogo de todos los actores del desarrollo pertenecientes a un “territorio” (Figura 1). Así, en este proceso de generación del desarrollo sostenible, el territorio es protagonista, entendido este último como una “comunidad humana con sentido de apropiación y de pertenencia hacia un espacio natural y social específico”. Por tanto, “hacer territorio”, o lo que es lo mismo, procurar su desarrollo, “significa construir este sentido de apropiación y de pertenencia, e implica armonizar las expectativas y necesidades del individuo con las del colectivo humano y su espacio natural y social de realización. También supone reconocer la pluralidad del territorio, tanto en términos de escala (mundial, regional, nacional y subnacional), como de sentido y significado (diversidad cultural, étnica y política)”, (Cepal, 2019), y las oportunidades y potencialidades que dicho territorio puede ofrecer para hacerlo viable y sostenible.

En este contexto general, es conocido que el desarrollo y posterior puesta en marcha de proyectos y operaciones mineras generan impactos sobre variables macro y microeconómicas en territorios que, generalmente, son zonas altoandinas con grandes brechas de desarrollo y cohesión social y territorial, es decir, la capacidad de “organización para reducir los desequilibrios territoriales” (Cepal, 2016); así como ineficiencia y debilidad institucional del Estado a nivel local y regional para cumplir sus más elementales funciones de proveer servicios públicos en cantidad y calidad que sean favorablemente aceptados por la población y con ello promover el desarrollo social sostenido. 

El desafío entonces es cómo conciliar intereses empresariales con los distintos grupos impactados por la minería con el fin de encontrar “oportunidades de desarrollo” a través de la creación de valor o simplemente “valor social” o, la tan esperada, “rentabilidad social” del proyecto u operación. Para añadirle mayor complejidad al tema, la industria minera y de metales viene generando cambios profundos en sus modelos de gestión corporativa hacia una Minería Sostenible impulsada por diversos factores como: el cambio climático, los objetivos de desarrollo sostenible, la transición hacia uso de energías limpias, protección del agua, las expectativas de inversionistas y mercados, demanda de comunidades por colaboración y valor compartido, cambios regulatorios, conflictos sociales y fuertes movimientos ambientalistas y opositores con poder de movilización política.

El Enfoque de socios para el desarrollo sostenible 

Para enfrentar tales complejos desafíos, es crucial que la industria minera adopte nuevos enfoques de gestión innovadores y disruptivos que vayan más allá del clásico “enfoque defensivo” de sostenibilidad (modelo de RSC) que apunta solo a la “protección de valor” y “gestión de riesgos” y se enfoque más en “creación de valor” o “valor compartido” (modelo de Impacto Social) que son conceptos que integran el uso estratégico de recursos económicos, ambientales y sociales para generar desarrollo sostenible e impacto social no solo a los inversionistas sino también a la sociedad donde opera, generando con ello mejores condiciones de viabilidad, sostenibilidad y reputación corporativa. Así, la aspiración de todo emprendimiento minero debe ser el de “convertirse en un socio para el desarrollo sostenible (SDS) integrado y proactivo que genera, entrega y gestiona valor económico, ambiental y social desde una visión de desarrollo territorial integrado”. 

Bajo este enfoque, según refiere la Figura 2, la creación de valor para la industria minera debe entenderse como un esquema de gobernanza que combina eficazmente la eficiencia y competitividad económica, la preservación ambiental y la equidad social con la finalidad de alcanzar logros de “desarrollo sostenible” e “impacto y rentabilidad social”. El logro de este último objetivo del modelo SDS requiere la adopción sistemática de cuatro principios básicos (Figura 3) en los modelos de gestión corporativa, tales como: 

a) Desarrollo de una evaluación de impacto social más allá del estudio de impacto ambiental (EIA) que permita un conocimiento más amplio y comprensivo del contexto e identifique las externalidades y oportunidades de desarrollo sostenible en el territorio.

b) Adopción de un nuevo enfoque de LDSO (UNEP 2021), que identifique acciones de beneficio mutuo con las comunidades para crear una relación simbiótica, genere confianza y aceptación de los emprendimientos mineros en los territorios donde opera.

c) Inclusión de un nuevo enfoque de gobernanza como marco estratégico para el logro de impactos sociales en base a la adopción del enfoque de DTI como eje transversal para propuestas de desarrollo local en los planes de gestión social multianual basado en ODS.

d) Acción coordinada y cooperativa para contribuir al logro de resultados de desarrollo sostenible local y progreso social mediante un nuevo contrato social de compromisos para el desarrollo territorial integrado (acuerdos básicos de consenso) como marco ético de interacción territorial con comunidades y otros grupos de interés.  

Asimismo, en este marco teórico del modelo SDS, se propone que la mejor aproximación y medición de la rentabilidad social esperada por un proyecto u operación minera, sea el impacto o progreso social alcanzado y medido a través de un proceso deliberado y planificado de logros de Desarrollo Territorial Integrado (DTI) medidos en avances en los ODS. 

El DTI, en este marco, debe entenderse como un proceso de construcción social del entorno mediante la interacción de distintas dimensiones y características tales como la identidad cultural, la gobernanza y participación, la planificación territorial, la sostenibilidad ambiental, la búsqueda del bienestar social y la competitividad económica territorial; que procuren el aprovechamiento de las potencialidades y oportunidades territoriales (más allá de la zona de influencia directa del proyecto u operación), el fortalecimiento de las entidades del Estado y la sociedad involucradas; la identificación, activación y fortalecimiento de corredores económico-productivos, la diversificación productiva territorial, el fortalecimiento de la gobernanza territorial y la identificación de ventajas competitivas que permitan afianzar lazos identitarios en el territorio ampliado definido.

El desafío no es menor, y por tanto el sector minero debe asumir un rol catalizador, de liderazgo y de mayor responsabilidad convirtiéndose, junto con instituciones del “Estado local (distrital, provincial y regional)”, en promotor y articulador de la gobernanza territorial desempeñando un papel proactivo y positivo en la promoción del desarrollo de amplia base y la transformación estructural de las economías de los territorios locales que lo acogen y con ello reducir las desigualdades estructurales y fomentar el desarrollo local. 

La gobernanza territorial aplicable al enfoque SDS, se refiere a la capacidad de una sociedad de resolver sus asuntos mediante el consenso, de construir y contribuir al desarrollo de sus territorios mediante la articulación y participación de diversos actores territoriales, entre ellos (i) el Estado a nivel local (gobernanza multinivel vertical), (ii) la sociedad civil y ONG, (iii) las agencias públicas localizadas territorialmente, (iv) el sector privado (gobernanza multinivel horizontal) (FAO 2015), en un contexto en el cual, el gobierno regional y local, en conjunción con el emprendimiento minero, están enfocados en las oportunidades de los territorios, estimulando el crecimiento económico con inclusión social.

Una atención especial debe darse al concurso y participación de la cooperación internacional (multilateral y bilateral) y ONG que durante décadas han contribuido con gran eficacia en la construcción e implementación de políticas públicas sectoriales (locales, regionales y nacionales) y promovido cambios estructurales en los sistemas de gestión territorial (macro y microeconómicos) para el desarrollo sostenible en países en vías de desarrollo. La cooperación internacional podría jugar el papel de cuarto actor y gestor de los procesos de promoción del desarrollo bajo el enfoque territorial integrado (ver Figura 4). 

Beneficios del enfoque SDS

Plantear este esquema de SDS para el sector minero implica, además, la generación de una asociación transformativa en el territorio a nivel local para que los actores más relevantes en este modelo (Estado, empresa y organizaciones de la sociedad civil - comunidades) planteen sus contribuciones al logro de los ODS de forma consensuada y planificada mediante la adopción de un nuevo contrato social territorial, multinivel, multisectorial y multianual. Pero requiere que la empresa fortalezca su rol catalizador en el territorio y lidere algunos procesos clave del desarrollo territorial a nivel local. 

De ahí que el enfoque SDS se apoya en un marco basado en principios y estrategias para el logro de los ODS en los territorios donde están los emprendimientos extractivos mineros. Busca fortalecer y sacar ventaja de las competencias básicas, fortaleza institucional y reputación de la empresa minera en los territorios donde actúa, fortalecer su cadena de valor y promover estrategias comprensivas y beneficiosas tanto para las empresas (viabilidad - sostenibilidad) como para la sociedad en su conjunto (desarrollo sostenible) para apoyar el desarrollo local y regional a través de acciones concretas que requieren cambios fundamentales y adopción de nuevos modelos de gestión social y sostenibilidad de las empresas buscando la competitividad territorial y el desarrollo sostenible. Algunos de esos nuevos modelos de gestión, aunque no limitativos, se detallan a continuación (ver Figura 5):

ν Cambios estratégicos en los planes y enfoque de Responsabilidad Social Corporativa para centrarse en reales impactos de desarrollo en base a resultados en los ODS territoriales.

ν Asociaciones entre empresas mineras y gobiernos locales, regionales y nacionales para alinear los planes de inversión multianual en función de los ODS con una planificación de desarrollo territorial integrado más amplia y comprensiva.

ν Colaboración entre las comunidades y empresas mineras para identificar las necesidades y oportunidades clave de la comunidad bajo el enfoque ODS y DTI.

ν Desarrollo de estrategias de contenido local adecuadas mediante el fortalecimiento de clústeres mineros y no mineros e iniciativas de desarrollo de pequeñas empresas locales con incentivos adecuados para su incubación y fortalecimiento.

ν Desarrollo de la fuerza laboral local debidamente fortalecida en sus capacidades y competencias para insertarse en las demandas del mercado laboral local según necesidades territoriales.

ν Diseño de proyectos / operaciones y de la infraestructura actual y futura de la mina (energía, agua, transporte, comunicaciones, salud, competencias empresariales) de manera que beneficie a las comunidades anfitrionas y la región circundante en función de necesidades territoriales.

ν Fomentar asociaciones de múltiples partes interesadas y múltiples industrias para el desarrollo territorial con el fin de compartir riesgos y recompensas, y garantizar la sostenibilidad de los resultados ODS.

ν Tener un adecuado conocimiento del territorio y contexto socio económico desde una perspectiva ampliada del territorio y no solo circunscribirse al área de influencia e impacto directo (“comunidades de influencia”) del proyecto u operación sino identificar también “comunidades de interés” en base a enfoques territoriales.

ν Asumir y/o compartir roles de responsabilidad en definición e implementación de nuevos esquemas de desarrollo territorial integrado más allá de los clásicos modelos de relaciones comunitarias y responsabilidad social corporativa. 

ν Fortalecer la estructura corporativa empresarial en base a los nuevos retos de desarrollo sostenible y logros de impactos de desarrollo involucrando a toda la organización en dichos resultados.

La adopción de estos principios y nuevos paradigmas empresariales para la creación de valor en el sector minero genera beneficios de largo alcance y contribuye a cimentar la confianza y mejora las percepciones y reputación corporativas en los territorios donde actúa. De este modo, el nuevo enfoque SDS genera beneficios concretos tales como: 

ν Acelera el desarrollo, implementación y la acción sobre logros de los ODS al alinear mejor una visión común para el futuro del territorio donde opera el sector de minería y metales.

ν Contribuye a cambiar las percepciones negativas sobre las empresas mineras en los territorios locales y mejorar su productividad social y reputación corporativas.

ν Permite enfocar el diálogo y el consenso para establecer un camino deliberado y estructurado hacia los ODS y las discusiones sobre esquemas de desarrollo territorial integrado.

ν Contribuye a la gestión, colaboración y coordinación eficiente de gobiernos, empresas locales y organizaciones de la sociedad civil en base a ODS territoriales.

ν Busca fortalecer a actores institucionalmente más débiles en el territorio con el fin que vayan incorporando capacidades de gestión de forma gradual y acorde con los desafíos planteados en los esquemas de planificación hacia el logro de los ODS en el territorio.

ν Busca estructurar esfuerzos estatales (locales, regionales y nacionales) y empresariales de planificación y desarrollo territorial enfocados en corredores económicos y productivos, corredores logísticos, potencialidades y oportunidades territoriales, desarrollo de “clústeres” mineros y la diversificación productiva territorial.

ν Proporciona un marco más claro y estructurado para definir el real concepto de valor compartido que debe primar en la gestión social y territorial que adopte la empresa o el emprendimiento minero.

ODS, valor compartido y rentabilidad social 

Para entender fehacientemente el concepto de valor compartido aplicable al sector minero, es clave entender que este debe ser el eje neurálgico de un proceso deliberado de gobernanza corporativa y creación de valor económico, ambiental y social donde se busque la rentabilidad o impacto social como resultado de la incorporación estructural de logros en los ODS a nivel territorial en los marcos de gestión social corporativos. 

El valor compartido debe convertirse, además, en el gran predictor del proceso de generación de confianza y aceptación de un emprendimiento minero en un territorio determinado, es decir, contribuye al logro de la licencia social en su definición ampliada aquí propuesta. Así, el enfoque de SDLO busca “mejorar los beneficios sociales netos (rentabilidad o impacto social) de un proyecto u operación minera abordando un tema más amplio que cubre el nexo de todas las preocupaciones ambientales, sociales y económicas del territorio identificado que caen dentro del ámbito de los ODS (17) y sus metas relacionadas (169); es relevante para todos los actores en el territorio; su implementación es una responsabilidad compartida entre los diferentes actores a lo largo de la cadena de valor del proyecto u operación”. (UNEP, 2020).

Dicho esto, valor compartido para una empresa minera hace referencia a un conjunto de políticas y prácticas incorporadas en su modelo de gobernanza corporativa (ADN corporativo) que busca impacto social (valor y transformación social permanente) deliberado y estructural en los territorios donde opera mediante la exploración continua de oportunidades de desarrollo sostenible bajo un enfoque territorial ampliado promoviendo la participación de todos sus grupos de interés. 

Bajo este concepto, la Figura 6 sugiere, pero no limita, algunas de estas prácticas clave de valor compartido para las empresas mineras, las cuales buscan cambios estructurales en los territorios donde operan y amplían el marco de trabajo de las áreas de relaciones comunitarias o gestión social de las empresas que generalmente han estado enfocadas en actividades que no generan valor o impacto social permanente en los territorios. 

En ningún caso se propone que las acciones de las compañías reemplacen la labor del Estado en las circunscripciones donde operan; sin embargo, es realista pensar que las comunidades confían en las capacidades de gestión, eficiencia, probidad y transparencia con que las empresas mineras hacen su trabajo, lo cual debería ser tomado como una oportunidad estratégica para mejorar niveles de colaboración y así perfeccionar los niveles de reputación corporativos y sectoriales. 

Un ejemplo de cómo la industria minera es capaz de responder a desafíos sociales complejos y de envergadura, ha sido el apoyo estructurado y unánime del sector frente a los impactos de la pandemia por la COVID-19 complementando esfuerzos estatales a nivel nacional y local, lo cual sin duda ha mejorado sus niveles de relacionamiento y confianza con las comunidades consolidando con ello su productividad social.

Sin embargo, estos esfuerzos son todavía insuficientes para avanzar hacia un proceso sistemático y duradero de recuperación de confianza con las comunidades en el ámbito local (distrital y provincial) en tanto que se requiere que el sector minero procure mayor sofisticación en sus intervenciones e inversiones adoptando esquemas de gestión que busquen logros de desarrollo sostenible, usando la lógica de intervención e inversión de algunos organismos de cooperación y ONG internacionales que cuentan con sistemas complejos de medición y evaluación de los impactos que generan. 

De hecho, en virtud de la experiencia sistematizada de las últimas décadas, estas instituciones solo ejecutan proyectos y programas que tienen probadas condiciones de éxito en impactos sociales duraderos bajo la estrategia determinada en los ODS. De ahí que el enfoque de valor compartido en la búsqueda de logros de desarrollo sostenible representa un abordaje más estratégico para el logro de impacto o rentabilidad social del sector minero siempre que este provenga de un esfuerzo legítimo de gobernanza corporativa y colaboración efectiva con otros actores, especialmente del ámbito gubernamental local y las comunidades del entorno y de interés.

En este marco de valor compartido (Figura 6), desde el sector minero, deben considerarse al menos dos principios fundamentales al momento de estructurarse las intervenciones bajo la estrategia ODS: creación de capacidades y búsqueda permanente de beneficios duraderos (largo plazo). 

Asimismo, dos tipos de intervenciones deben marcar una clara diferencia entre el modelo de RSC y el nuevo esquema de gestión propuesto (impacto o rentabilidad socia): la definición de una clara estrategia de Contenido local y Fortalecimiento institucional. La primera se refiriere a un programa que beneficie directamente a las comunidades locales mediante el fortalecimiento e incubación de empresas y mejora de competencias a la fuerza laboral local para que se inserte en la cadena de valor de la compañía cuando sea requerido bajo esquemas competitivos, o en función de las necesidades laborales en base a potencialidades que se vayan fortaleciendo en el territorio. La segunda intervención beneficia a los gobiernos locales y se refiere a la necesidad de fortalecer las competencias de gestión del ámbito gubernamental local en virtud de los nuevos desafíos que se vayan definiendo para dar cumplimiento a las estrategias de logros en ODS bajo un enfoque de desarrollo territorial integrado. 

Conclusiones y propuestas 

Valor compartido para el sector minero en Perú  

Durante los últimos 25 años, el sector minero presente en Perú ha contribuido en gran medida con el crecimiento de la economía mediante aportes no solo en innovación y tecnología, haciendo del sector el más productivo y competitivo, sino con aportes al erario nacional que hacen de las cuentas macroeconómicas peruanas una de las más sostenibles y que ha permitido importantes inversiones sociales y productivas sin precedentes en la historia económica del país. En este mismo periodo se han viabilizado US$ 60 mil millones en ampliaciones operativas y nuevos proyectos mineros que han colocado al país en los primeros puestos como productor polimetálico de clase mundial. 

De otro lado, hoy la industria minera a nivel mundial es nuevamente la gran protagonista por su enorme contribución en este tiempo de transición hacia el uso de energías limpias y carbono neutralidad prevista al 2050, debido a las consecuencias que trae consigo el cambio climático (UNEP, 2021). No en vano estamos viendo una subida sistemática y sostenida en los precios de los principales metales básicos y críticos que hará viable un nuevo ciclo de bonanza para países productores como el Perú. 

Lamentablemente, este contexto de oportunidad a nivel global que se le presenta al país encuentra al sector minero en un periodo de convulsión y conflictividad social y política que hace incierto un nuevo plan de inversiones mineras estimadas en aproximadamente US$ 60 mil millones para la próxima década. 

Varias son las causas raíz de este contexto de incertidumbre, pero las que predominan son sin duda las de carácter político-institucional (IEP, 2016). En primer lugar, la falta de capacidades institucionales y de gestión por parte del Estado a nivel nacional, regional y local para viabilizar recursos provenientes de la renta minera y materializar mejores condiciones de desarrollo para las comunidades del entorno de las operaciones mineras o hacer sostenibles los servicios básicos fundamentales para dichas regiones (salud, educación, desarrollo agrícola, diversificación productiva). Esto acompañado de escandalosos procesos de corrupción de autoridades que han exacerbado la desconfianza en el aparato público local para solucionar problemas endémicos territoriales: pobreza, desempleo, desigualdad, carencia de servicios básicos en calidad y cantidad, etc. 

En segundo lugar, la incapacidad del aparato público y sistema político de ajustarse a contextos de crecimiento económico acelerado y expansión de actividades extractivas en los territorios que requieren nuevos marcos normativos y procesos de descentralización que estén acordes al desafío de transformación territorial y competitividad regional y local. 

En tercer lugar, el Estado adolece de falta de planificación y prospectiva del desarrollo territorial y son inciertas las visiones de desarrollo de la clase política, sobre todo, las que se dan a nivel local y regional que terminan en parálisis institucional y caudillajes políticos exacerbando la conflictividad social en detrimento del desarrollo de la industria minera. Todos estos aspectos son ajenos al control del sector, sin embargo, pueden darse algunas acciones de índole institucional y administrativo que si estén al alcance de ser asumidas por el sector tomando ventaja de su fortaleza institucional y gremial a nivel nacional y local.

Teniendo en cuenta los principios y marco estratégico descritos en las páginas precedentes, se sugieren algunas acciones y políticas concretas que se enmarcan en el concepto de valor compartido desde el sector minero en el entendido de que los resultados en logros de los ODS en los territorios donde opera el sector minero no son solo responsabilidad del Estado sino que requiere el concurso y participación de todos los actores que tienen presencia e institucionalidad reconocidas, sobre todo las del sector minero: 

1. Usar la fuerza institucional y gremial (SNMPE / IIMP / CONFIEP / SNI) del sector minero para ejercer un rol transformativo asumiendo y liderando una cruzada por logros en los ODS como mejor aproximación de “rentabilidad o impacto social” de la minería en los territorios donde opera. Hay que destacar el esfuerzo conjunto (Estado / empresa / comunidad) para mejorar impactos sociales duraderos mediante el enfoque de socios para el desarrollo sostenible.  

2. Asumir un rol catalizador, de liderazgo y de responsabilidad compartida en los territorios donde opera y aplicar nuevos marcos de gestión social como ESIA, ODS, DTI, SDS y LDSO enfocados en logros de desarrollo sostenible en lo local (distrital y provincial) y regional con el fin de fortalecer institucionalmente la gobernanza tripartita de un nuevo modelo de gestión social y territorial que logre impacto social sostenible y verificable. Usar métricas propias de la cooperación internacional que gestionan proyectos y programas en base a marcos lógico de intervención y monitoreos y evaluaciones sistémicas.

3. Desde la SNMPE e IIMP homogenizar marcos de intervención y gestión social por el desarrollo sostenible (ESIA, ODS, DTI, SDS y LDSO) a nivel sectorial, corporativo y territorial (por conglomerados mineros) buscando logros en ODS y nuevos enfoques de gestión territorial para aprovechar sinergias con otras empresas mineras y no mineras, comunidades, gestores estatales (por proximidades geográficas o corredores económico-productivos) y con la cooperación internacional. Se debe procurar un entendimiento común sobre impacto o rentabilidad social para favorecer, a su vez, que las comunidades conozcan la naturaleza principista de las intervenciones del sector minero procurando resultados de desarrollo duradero. 

4. Crear un marco y gobernanza institucional desde la SNMPE/IIMP (Dirección de Sostenibilidad e Impacto Social) del sector minero que genere y reporte a los directorios correspondientes sobre marcos de gestión, innovación social, intervenciones, resultados de impacto, monitoreo, reportes de gestión y establecimiento de estándares de gestión ODS e impacto social del sector minero. Esta dirección deberá diseñar modelos de gestión para integrar los ODS en el marco de la gobernanza corporativa de cada unidad minera y/o corredor económico-productivo (aspectos económicos, ambientales, sociales y de gobernanza) definiendo objetivos y metas ambiciosas, progresivas y medibles para la acción de los ODS territoriales. Se debe elaborar una “Hoja de Ruta por los ODS” en cada corredor minero como resultado de un proceso de diálogo y concertación promovido por las empresas mineras, gobiernos y comunidades locales. Privilegiar acción y movilización local y regional en relación con logros ODS y marcos de intervención.

5. Fortalecer la gestión y eficacia del Estado a nivel local (distrital y provincial) y regional mediante la creación Unidades de Gestión e Impacto Social (UGIS) que elaboren Planes de Desarrollo Territorial Integrado (PDTI - ODS), proyectos de inversión y expedientes técnicos para ejecutar los proyectos priorizados en función de logros ODS territorial (cantidad y calidad de servicios púbicos). Énfasis en desarrollo y gestión de políticas públicas sostenibles. El mecanismo de Obras por Impuestos solo debe responder a la lógica de enfoque territorial y planes ODS (infraestructura para el desarrollo sostenible). 

6. Convocar y liderar junto con el Estado (nacional, regional y local), ONG y cooperación internacional la implementación de los planes de desarrollo de los corredores económico-productivos y diversificación productiva regional tomando ventaja de los avances y logros en la ejecución del plan de desarrollo de servicios logísticos de transporte. Implementar la figura del PMO territorial para ejecución de infraestructura y cierre de brechas en función de corredores económico-productivos y clústeres mineros.

7. Liderar y asumir responsabilidad compartida con gremios empresariales locales y Estado a nivel local en la implementación de la estrategia de desarrollo de clústeres mineros determinados por el Concejo Nacional de Competitividad (CNC), según el cual en Perú se han identificado cuatro clústeres mineros: clúster norte (Áncash, Cajamarca y La Libertad), clúster centro (Junín, Lima y Pasco), clúster sur (Arequipa, Moquegua, Tacna y Madre de Dios) y clúster auxiliar (Lima y Arequipa). Cabe resaltar que, entre los corredores económicos más importantes, se ha identificado a la cadena minera Apurímac, Cusco, Arequipa y Moquegua, que hoy cobra especial relevancia por la conflictividad social que existe en dicho corredor.

8. Generar acuerdos con universidades locales para promover innovación e investigación científica y competitividad en base a potencialidades territoriales y corredores económicos. Fomentar la creación de un Instituto para la Minería Sustentable (IMS) y un Centro de Competitividad para la Minería (CCM) tomando ventaja de la identificación de clústeres mineros ya identificados.

9. Desarrollar e implementar un programa de contenido local bajo la figura de clústeres económico- productivos en base a potencialidades territoriales y corredores económicos. La cadena de valor minera debe configurarse como plataforma e incubación de emprendimientos. Promover incentivos empresariales para incubar emprendimientos y financiamiento público y privado (desarrollo de proveedores).

10. Crear y gestionar el Fondo Minero Nacional (FMN) con administración única, autonomía administrativa y financiera y descentralizada, financiado con el aporte voluntario de 0.5% de las utilidades después de impuestos de las operaciones mineras vigentes, recursos públicos y de la cooperación internacional, cuyo único propósito sea el fortalecimiento de capacidades locales mediante el financiamiento de las unidades de gestión e impacto social (UGIS), elaboración de planes de desarrollo territorial integrado, promoción y desarrollo de corredores económico-productivos y fortalecimiento de clústeres mineros. El FMN podrá ser conformado por un representante de la SNMPE/IIMP (quien preside y gerencia), SNI (1), cámara de comercio (1), PCM/MEF (1), gobiernos regionales (1), municipios (1), cooperación Internacional (1). Asimismo, el fondo podrá generar convenios para ejecutar recursos y acciones junto con el PMO territorial arriba descrito.

Bibliografía

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