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MINERÍA / MARZO 2019 / EDICIÓN 498 24 www.mineriaonline.com.pe Minería y desarrollo territorial hacia un debate en serio Por: Ing. CIP Luis Fernando Moreno Figueroa, gerente de Minería e Industria de Cesel Ingenieros. Opinión Ha sido una noticia muy destaca- da a nivel internacional y en el país, en el primer trimestre de 2019, que el Perú ha sido reconocido y valorado en forma creciente por su atractivo para las inversiones mineras, de esta mane- ra ha sido destacado por las califica- ciones y resultados de las prestigiosas encuestas Fraser. Sin embargo, desde hace relativamente corto tiempo se ha buscado introducir en el debate nacio- nal el concepto que el desarrollo de la minería en el Perú debe estar precedi- do de un Ordenamiento Territorial, en el que se establezca los lugares don- de se puede desarrollar actividades extractivas y donde no. Asimismo, se ha adelantado el concepto que en las denominadas cabeceras de cuenca no debería realizarse minería y, de otra parte, que debería efectuarse consulta ciudadana en caso se trate de áreas donde se ubiquen comunidades cam- pesinas. Más allá de lo complejo y el tiem- po que demande identificar los lugares y áreas prioritarias donde debería es- tablecerse un ordenamiento del territo- rio, así como las zonas que estarían comprendidas en las denominadas ca- beceras de cuenca, porque deberían sustentarse en estudios muy serios que fundamenten una línea base geofísica, de biodiversidad, así como económica y social, no deberíamos perder de vista que los objetivos supremos deben estar en el desarrollo sostenible, orientado a lograr el bienestar humano de nuestros ciudadanos. Desarrollo y ordenamiento territorial En la búsqueda del bienestar de los peruanos, el ordenamiento territorial es muy importante, pero no es un objetivo en sí mismo. Por el contrario, debe ser el desarrollo territorial el objetivo que oriente el accionar del gobierno nacio- nal y los gobiernos regionales y loca- les, con el apoyo de la sociedad en su conjunto. Cabe destacar que la Comisión Eco- nómica para América Latina y el Caribe (Cepal), define: “El desarrollo territorial se entiende como un proceso de cons- trucción social del entorno, impulsado por la interacción entre las característi- cas geofísicas, las iniciativas individua- les y colectivas de distintos actores y la operación de las fuerzas económicas, tecnológicas, sociopolíticas, culturales y ambientales en el territorio” . A su vez el desarrollo territorial debe sustentarse en la planificación y el orde- namiento del mismo, sin perder de vista que se trata de la construcción social del entorno, con el objetivo de buscar el bienestar humano. Asimismo, la pla- nificación territorial debe comprender objetivos específicos de desarrollo y un conjunto de planes y programas, así como las prioridades y presupuestos co- rrespondientes y fuentes de fondos clara- mente identificadas. Rol del Estado y la minería Al Estado y gobierno nacional, regional y local corresponde la plani- ficación del desarrollo territorial y no a las empresas mineras que eventual- mente puedan tener presencia en las regiones. Sin embargo, las compañías modernas que cuenten con gestión ambiental sostenible e importantes pro- gramas de responsabilidad social, son necesarias, en la medida que se cons- tituyan en una de las principales fuente de fondos que el desarrollo territorial requiere. No podemos perder de vista que el Perú no es solo un país con recursos mi- neros, es fundamentalmente un país mi- nero en tanto explota estos recursos que son la principal actividad económica exportadora. Sin embargo, se trata de actividades que explotan recursos ago- tables y pueden proveer de importan- tes recursos económicos a las regiones donde se realizan, pero en un tiempo limitado. Hacia un fideicomiso minero Si bien algunas empresas mineras desarrollan programas de responsabi- lidad social e incluso algunas de ellas ejecutan obras por impuestos, el papel de la minería no pude remplazar al rol del Estado. La mejor manera de sumar esfuerzos es constituyendo Fideicomisos con aportes de las compañías (tanto los obligados como el canon y los anticipa- dos o voluntarios) como otros aportes del Estado y terceros, y cuyo empleo profesional e independiente se realice estrictamente vinculado a los planes de desarrollo territorial que sean aprobados con la participación de todos los actores involucrados, para sostener el desarrollo incluso cuando ya no exista actividad minera.