19 AÑO 3 - Nº 94 / FEBRERO-MARZO 2022 versos precios y costos, lo que podría generar la paralización de inversiones y nuevos proyectos en estos tres sectores. Asimismo, explicaron que la referida norma transgrede la Constitución Política en los principios referidos a la libertad de empresa, libertad de contratación, propiedad y seguridad jurídica, así como es contraria tanto a la Ley de Tercerización, que no establece restricciones en la materia; y al TUO de la Ley General de Minería, que habilita a las empresas para contratar a compañías especializadas inscritas en el Ministerio de Energía y Minas, con el objeto de realizar labores de exploración, desarrollo y explotación. Del mismo modo, detallaron que este decreto no protege a los trabajadores, atenta contra el proceso de formalización del empleo en el país y genera un grave riesgo para la continuidad de las empresas dedicadas a dar servicios de tercerización, poniendo en peligro miles de puestos formales en los que se respetan y cautelan los derechos laborales. “Durante la pandemia de la COVID-19 la fortaleza del ecosistema productivo del sector minero permitió que 1.8 millones de peruanos logren preservar sus empleos, pero hoy con la norma emitida por el MTPE, de eminente sesgo populista, una parte importante de los mismos están en peligro de perderse”, subrayaron los representantes de la SNMPE. En ese sentido, precisaron que en la industria minera existen 2,069 empresas contratistas que se verían impactadas de manera negativa por esta decisión, que incluso perjudica a las empresas comunales que han formado las poblaciones vecinas a las unidades mineras. La medida atenta contra el proceso de formalización del empleo.
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