15 AÑO 3 - Nº 101 / ABRIL 2022 En ese marco, la instancia congresal demandó al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, tomar acciones inmediatas y definitivas de solución entre las partes involucradas, después de más de 45 días de paralización, evitando que el conflicto escale a proporciones incontrolables y que permita recuperar el Estado de derecho y la autoridad en la zona, cautelando la seguridad y salud de la población. En la víspera, el presidente de Southern Perú, Oscar González Rocha, en su presentación ante esta comisión del Parlamento reveló que el acta firmada el 12 de abril por la Comitiva de Alto Nivel del Ejecutivo, la empresa minera y representantes de la comunidad, no incluye el cese inmediato de la medida de fuerza tomada por los comuneros en contra de la mina Cuajone. Precisó que las operaciones van a cumplir dos meses de paralización y manifestó su inquietud frente a la falta de soluciones claras y específicas para resolver el conflicto. “A la fecha, las autoridades han dialogado, pero no han intervenido para recuperar el orden y garantizar la seguridad de nuestros 1,300 trabajadores y sus familias”, remarcó. Asimismo, agregó que, en el acta firmada tras la reunión, se exige a la empresa retirar las denuncias contra los promotores de este sabotaje, aun cuando continúa el bloqueo de la vía férrea para el transporte de minerales e insumos y la toma del reservorio artificial de Viña Blanca, que abastece de agua a la operación y al campamento minero que acoge a más de 5,000 personas. Además, sostuvo que las denuncias de la empresa han sido realizadas directamente contra dos promotores: Dionilde Flores Calisaya, presidenta de la comunidad, Oscar González Rocha.
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