9 AÑO 3 - Nº 111 / JUNIO-JULIO 2022 “En economía el cese de una actividad productiva afecta a otras conexas. En ese contexto, la minería no es independiente, hasta una parte de lo que se produce en Gamarra lo consume el sector minero, con lo que el impacto de la paralización de grandes operaciones es totalmente negativo y todos deben entenderlo”, explicó. Específicamente, sobre el PBI de Apurímac, señaló que en los primeros meses del año en vez de expandirse más de 10% solo lo hizo en 2.1%, y Moquegua tampoco obtuvo los ingresos proyectados. Con relación a las medidas para prevenir conflictos, sostuvo que estos no son malos en sí mismos, porque permiten conocer las demandas de la gente, pero tiene que evitarse que lleguen a la fase de violencia, y los acuerdos que se obtenga tienen que estar alineado a la Constitución y la ley. “Es importante el monitoreo que lleva a cabo la Defensoría del Pueblo, esto hace que todo el mundo esté informado: ministerios, gobiernos regionales, empresas privadas, periodistas, entre otros. La experiencia nos ha demostrado que la academia no debe estar ajena a la prevención y solución de los conflictos sociales”, remarcó. Por su parte, el exgobernador regional de Ica, Fernando Cillóniz propuso que entidades autónomas, no privadas, como el caso del Banco Central de Reserva, se encarguen de llevar los servicios de salud, agua y educación a la población, como una forma de garantizar una gestión eficiente y mitigar los conflictos. “La idea es profesionalizar estos servicios y que se respete la carrera pública para superar la consistente ineficiencia demostrada en la gestión de los recursos que genera la minería a favor del Estado”, detalló. Fernando Cillóniz.
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