17 AÑO 4 - Nº 139 / ENERO 2023 Por su parte, la jefa del programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Nelly Aedo destacó la obligación del Estado de llevar a cabo procesos de consulta mediante procedimientos adecuados, eficaces y realizados de buena fe, con intervención de instituciones representativas de los pueblos indígenas, cuyos derechos colectivos podrían verse directamente afectados por la ejecución de un proyecto o la dación de una medida administrativa. “Una limitación es que los pueblos indígenas, al carecer de asesoría especializada, tienen menos posibilidades de aporte. Este enfoque se debe traducir en un diálogo intercultural, con énfasis en el cumplimiento irrestricto de los derechos de estas poblaciones. Se deben realizar cambios para que la consulta sea más horizontal y participativa”, remarcó. A su turno, el analista y consultor en temas sociales, Pablo O´Brien opinó que el diálogo intercultural entre las comunidades y el Estado no se da, que se percibe una actitud rentista en las autoridades y dirigentes, quienes exigen negociar beneficios adicionales; mientras que otras comunidades y localidades solicitan ser incluidas en el proceso. En la reunión también participaron el consultor y exjefe del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), Alberto Barandiarán, y por el Instituto de Defensa Legal, Juan Carlos Ruiz. Como moderadores estuvieron los coordinadores del GDMDS, Marina Irigoyen y Jorge Falla, quienes coincidieron en señalar que hay discrepancias, pero también coincidencias, las cuales deben ser trabajadas para perfeccionar este procedimiento. Se requiere de procedimientos adecuados de participación.
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