REVISTA MINERÍA 550 | EDICIÓN JULIO 2023

MINERÍA la mejor puerta de acceso al sector minero MINERÍA / JULIO 2023 / EDICIÓN 550 13 Por otro lado, se recogió información secundaria. En base a la definición de los temas claves se revisaron documentos e información relevante para el contexto general de los MQR, la situación de la minería en los países andinos, los reportes de sostenibilidad de las empresas mineras seleccionadas, estudios sobre compañías y derechos humanos y los MQR en Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. La información secundaria se nutrió de la guía del ICMM, el documento Gestión y Resolución de Preocupaciones y Quejas a nivel local (ICMM, 2019), el informe de la Fase III del Proyecto sobre Rendición de Cuentas y Reparación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Naciones Unidas, 2020) y la Guía IPIECA Mecanismos de Reclamación de la Comunidad en el sector del Petróleo y el Gas (2015). De forma complementaria, se desarrolló un análisis de madurez de los MQR basado en 37 reportes de sostenibilidad de las empresas mineras de los países andinos siguiendo la metodología en SHIFT (2019). Presentación y discusión de resultados La mayoría de las operaciones mineras en los países andinos cuentan con un MQR con distinto grado de complejidad e integración en sus estrategias de negocio. De las 185 empresas evaluadas en los cinco países, 94 tienen un MQR y 91 no cuentan con un mecanismo o información pública al respecto (GIZ, 2022). El estado de avance en la implementación de los MQR por parte de las compañías mineras de los países analizados se clasifica en tres grupos. El primero está conformado por empresas de la gran minería y algunas medianas cuyos MQR destacan al ser evaluados con el marco conceptual del estudio y por estar alineados a una política de derechos humanos. En su mayoría, estas son firmas cuyos accionistas son miembros del ICMM. Sin embargo, en Ecuador hay una empresa minera que posee un mecanismo de reclamo robusto integrando los lineamientos del ICMM, pero no es miembro de esta asociación. Un segundo grupo más numeroso de compañías ha implementado su MQR, pero no han realizado la debida diligencia en derechos humanos. Finalmente, en el tercero, hay un número importante de empresas, la mayoría en fase de exploración, que no tienen establecidos un MQR y/o no lo reportan públicamente. No existe una obligación legal para las compañías en estos países de establecer un MQR, sin embargo, varias han seguido sus políticas corporativas y guías internacionales y han implementado estos mecanismos. A pesar de no existir una norma, algunas empresas en Colombia, Ecuador y Perú incluyen de manera voluntaria sus MQR dentro de los planes de participación ciudadana de los estudios de impacto ambiental, creándose una obligación legal que permite que las autoridades competentes fiscalicen su implementación. El catálogo de prácticas líderes, parte del estudio de GIZ (2022), muestra el caso de la Compañía Minera Antamina en Perú que incluyó de manera voluntaria su MQR en el Plan de Relaciones Comunitarias en la actualización del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado en 2019. Con ello, su mecanismo adquirió la categoría de compromiso y, en consecuencia, está sujeto a la supervisión de las autoridades competentes. Algunos participantes del estudio consideran que la única manera de que todas las empresas tengan un MQR funcionando es incluyéndolo en la normatividad o en las guías de participación ciudadana del EIA. A continuación, usando el marco conceptual, se analiza el avance y los retos de los MQR de acuerdo con su gestión interna y los criterios de eficacia recogidos en los PRNU. Gestión interna El proceso de implementación de los MQR por parte de las empresas mineras en la región andi-

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