58 Edición Semanal mineros que se encuentran atrasados por razones externas a las empresas y concluye que la tramitología minera generaría pérdidas de S/ 12,000 millones del PBI. Esto, que ya era conocido pero no se tenía evidencia, puede no solo generar preocupación sino un pase a la acción para entre todos los actores, reflexionar para lograr una eficiencia. Y que no solo sea fusionar instituciones y con ello pretender que los plazos se reduzcan, sino evaluar otros procedimientos administrativos que existen en otros países mineros y retomar las iniciativas que se presentaron anteriormente en el ministerio. Retomar,porejemplo,laventanillaúnicavirtual,laevaluación de la calidad regulatoria de las normas que existen para reducirlas y lograr que las regulaciones legales que permanezcan se encuentren acordes con los nuevos tiempos y con las nuevas tecnologías que existen en el mundo. Brindar asistencia técnica a las autoridades regionales y locales En el mismo estudio elaborado por el IPE también se han podido identificar pérdidas en la producción minera por el incremento de la conflictividad social registrada a partir del 2021 hasta el primer trimestre de 2023, obteniendo que los conflictos sociales llevaron a una pérdida de S/ 6,991 millones constantes en VAB. Con ello, el crecimiento del sector en 2021 fue de 10.5% en lugar de 12.9% y cayó 0.1% en 2022 en lugar de crecer 2.8%. Igualmente, en este punto, se podría pasar a la acción proponiendo al gobierno nacional brindarle una asistencia técnica a los gobiernos regionales y locales que se encuentren en las áreas de influencia de los proyecto y/o operaciones mineras para lograr en el plazo mínimo de
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