MINERÍA la mejor puerta de acceso al sector minero MINERÍA / NOVIEMBRE 2023 / EDICIÓN 554 21 Al respecto, el concepto de patrimonio industrial en Chile tiene un importante desarrollo, sobre todo a nivel práctico y doctrinario. La influencia de este desarrollo se traduce en las declaraciones patrimoniales impulsadas no solo a nivel público sino también por iniciativa privada, teniendo en cuenta un “proyecto país” basado en tres aristas: (i) la agencia de políticas, una coalición de los emprendedores de políticas públicas bien articulada, (ii) un legado institucional fuerte y (iii) el empleo de la economía política como herramienta relevante para la elaboración de políticas públicas (Orihuela, 2014). De lo indicado, la adopción de políticas públicas que permitan adaptarnos a los cambios económicos, ambientales y sociales en minería, podría enfocarse en los medios “alternativos” para la valorización de unidades mineras inactivas o en riesgo de inactividad. Esa forma “alternativa” de tratar al patrimonio minero nacional podría evitar que se convierta en un pasivo ambiental o que se ejecuten en él las medidas de cierre clásico (desmantelamiento, demolición, etc.). Conforme a ello, se requieren cambios sustanciales en la gestión del referido patrimonio a través de políticas públicas que nos encaminen a la adaptación a los cambios que experimentamos, especialmente al cambio climático, conforme lo postula Giddens (2009). En consecuencia, el eslabón o peldaño que podría conectar tanto la necesidad de una gestión adecuada del patrimonio minero inactivo y la adopción de políticas públicas que atiendan a las necesidades del desarrollo sostenible y al cambio climático, sería una política de revalorización. A diferencia del país vecino, en Perú no se han verificado políticas destinadas a la revalorización del patrimonio minero-industrial, puesto que, como lo señala Ludeña-Urquizo, quien durante el periodo 2004 y 2005 fuera presidente del Comité Peruano de Conservación del Patrimonio Industrial (Copecopi), la cuestión del patrimonio industrial en nuestro país no es un tema que figure en el aspecto institucional, en la normatividad y menos aún en la vida cotidiana de las personas, es decir, en una cultura interesada en la reconstrucción constante de su memoria (2008). España La estructura organizativa española establece un sistema de reconocimiento a la autonomía territorial que se expresa a través de su materialización jurídica y administrativa, reflejo de la profunda descentralización, compuesta por “Comunidades Autónomas” que gozan de independencia política y financiera, teniendo competencia en la aprobación de leyes y tareas ejecutivas en las materias que sus estatutos les permiten25. La autonomía de dichas comunidades respecto al patrimonio cultural se encuentra expresamente regulada en la Constitución Política española de 1978, conforme se aprecia del artículo 148°, numeral 16, respecto a las competencias de las Comunidades Autónomas en relación al patrimonio monumental de interés de la comunidad, y el artículo 149°. La Constitución Política española dispone, en su artículo 46°, el deber de los poderes públicos a efectos de garantizar la conservación y la promoción del enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, sin importar su régimen jurídico y si está bajo dominio público o privado. Al respecto, la preocupación por el patrimonio industrial-minero se manifiesta concretamente a través de la fundación de la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero (Sedpgym), cuya primera acción permitió seleccionar cincuenta (50) elementos patrimoniales de las distintas Comunidades Autónomas, de 25 Gobierno de España – Comunidades Autónomas. Recuperado de: https://administracion. gob.es/pag_Home/espanaAdmon/comoSeOrganizaEstado/ComunidadesAutonomas. html#.X8mGVWhKjIU. Fecha de consulta: 18 de junio de 2023.
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