40 Edición Semanal Incluso, los gobernadores regionales, reunidos en PERUMIN, establecieron un grupo de trabajo para fomentar el desarrollo de la minería. Y otra vez, la decisión recibió el entusiasta aplauso de los asistentes. Pese a estas señales, el Poder Ejecutivo envió al Congreso en agosto, el proyecto de Ordenamiento Territorial y de creación del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial, que va en línea contraria con todo el discurso que el aparato público expuso en PERUMIN y que no fue mencionado ni discutido durante esa última semana de septiembre en que se realizó el congreso minero. De aprobarse la norma, las autoridades regionales podrán establecer zonas restringidas para cualquier actividad económica, como la industria minera, aun cuando las compañías puedan contar con todas las condiciones y permisos para operar y que, como hemos visto anteriormente, el criterio ideológico muchas veces se imponga al técnico e impida el desarrollo económico y social. Esta no es la primera vez que las autoridades del país proponen un procedimiento de espíritu excluyente, que rompe la confianza de los inversionistas. El proyecto claramente es un nuevo escollo para la inversión, desalienta a los empresarios y otra vez es un paso atrás para crear las condiciones de confianza que, sobre todo ahora, se requieren para reactivar la economía. El riesgo es claro, hay una cartera de proyectos por US$ 53,000 millones que, de prosperar esta norma, es probable que no logren luz verde. Lea el artículo completo: https://t.ly/UmbDr
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