14 Edición Semanal Asimismo, destacó que al constante asedio que viene padeciendo Poderosa por parte de estos grupos criminales hay que sumar el espiral de enfrentamientos violentos que se vienen produciendo entre los propios mineros ilegales por el control territorial de la zona, con terribles consecuencias, como el hallazgo en noviembre de una fosa común con al menos 16 cuerpos. “El deterioro de las condiciones de seguridad y la actuación impune de los mineros ilegales en la zona exige una respuesta contundente y coherente del Estado. Esta debe involucrar un mejor trabajo de inteligencia y la creación de una unidad de flagrancia, además del recientemente anunciado Frente Policial por el premier Gustavo Adrianzén”, puntualizó Poderosa. Además, indicó que el Ministerio Público no cuenta con una oficina en Pataz para atender estos casos, debiendo los fiscales movilizarse desde Huamachuco, a seis horas de distancia, lo que urge ser corregido. “También le corresponde una enorme responsabilidad al Congreso de la República que, en diciembre pasado, amplió nuevamente el Reinfo, registro que los mineros ilegales utilizan para seguir operando con total impunidad. En la actualidad hay 25 zonas de nuestras operaciones tomadas por mineros ilegales, de donde hemos tenido que replegarnos para proteger la integridad física y seguridad de los trabajadores”, remarcó. Igualmente, informó que operan en la zona más de 40 plantas ilegales de procesamiento aurífero perfectamente identificadas y georreferenciadas. “A ello hay que agregar el trasiego de mineral extraído ilegalmente y que es trasladado a distintas plantas formales en la costa”. Buscan sembrar el terror.
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