27 AÑO 6 - Nº 259 / ABRIL-MAYO 2025 gún proceso de formalización minera, ni en ninguna prórroga del régimen transitorio. Asimismo, esto no es admisible en ninguna política pública que regule dicha actividad de manera permanente, en la medida que existe un deber estatal de garantizar el derecho a un medio ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la persona. Con relación a la formalización de la MAPE, el TC señala que se han logrado escasos avances y que, si no se abordan adecuadamente los problemas asociados con este segmento, existe el riesgo de que se agraven, lo que afectará a las poblaciones más vulnerables, reducirá los ingresos fiscales que el gobierno debe percibir, intensificará los efectos adversos en el ambiente, en el derecho a la salud, en la gobernabilidad, y ampliará la influencia de la minería ilegal.
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