23 AÑO 6 - Nº 266 / JUNIO 2025 estrategia. Allí, bajo un mando unificado comandado por un general de brigada del Ejército, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han asumido el control territorial con el objetivo de desarticular las redes vinculadas a la minería ilegal y al crimen organizado. “Los resultados preliminares son contundentes, con más de 380 patrullajes realizados, recuperación de miles de explosivos y la instalación de puestos de control en rutas clave hacia las zonas mineras”, destacó. En otro momento, remarcó que, como parte de la reforma, el gobierno ha decidido no otorgar una prórroga general al Reinfo, instrumento que originalmente fue creado para facilitar la formalización minera, pero que ahora se ha convertido en un refugio para la ilegalidad. “Actualmente, más de 65 mil inscripciones están suspendidas y tienen un plazo hasta el 5 de julio para corregir observaciones, mientras que se espera la exclusión definitiva de más de 40 mil registros en todo el país en las próximas semanas”, puntualizó. Finalmente, Arana alertó sobre el enorme impacto económico de la minería ilegal, citando datos de la Unidad de Inteligencia Financiera que indican que entre 2022 y 2025 se reportaron operaciones sospechosas por US$ 2,800 millones, de los cuales US$ 2,200 millones estarían ligados a esta actividad ilícita. Ante este escenario, hizo un llamado urgente al Ministerio Público para que actúe con firmeza y celeridad en la lucha contra este flagelo. Se fiscalizará la trazabilidad de la MAPE.
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