31 AÑO 6 - Nº 271 / JULIO 2025 do de Derecho. No podemos aceptar una ley sin sustento técnico, con vacíos que perpetúen la informalidad, malas condiciones de trabajo y daños ambientales. Urge una política nacional que articule formalización, fiscalización y desarrollo productivo con metas claras y responsables. El problema no es nuevo. Se anuncian avances como el sistema interoperable de fiscalización minera, que integrará información entre entidades para mejorar la supervisión. Pero la falta de una estrategia integral contra la minería ilegal mantiene esfuerzos dispersos y limita cambios sostenibles. Una encuesta de Ipsos revela que 81% de peruanos considera a la minería ilegal una amenaza para la seguridad nacional, pues su expansión está ligada al crimen organizado, trata de personas, deforestación y contaminación. Los operativos en Loreto y Amazonas muestran una problemática muy compleja que no se resuelve solo con acciones reactivas. La formalización sigue siendo un reto. La depuración del padrón y nuevas medidas son pasos importantes para diferenciar a quienes buscan formalizarse de quienes usan el sistema como fachada para delinquir. Por eso, la agenda política debe abordar la minería de forma integral, promover inversión responsable, impulsar formalización real, fortalecer instituciones y articular soluciones frente a la ilegalidad con enfoque de desarrollo territorial. En este nuevo ciclo electoral, los partidos deben plantear medidas técnicas y viables, no promesas populistas.
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