7 AÑO 6 - Nº 272 / JULIO-AGOSTO 2025 Pero este panorama positivo contrasta con una preocupante amenaza: la minería ilegal. Recientemente, las fiscalías especializadas en materia ambiental alertaron sobre normas aprobadas y que están en debate en el Congreso que podrían limitar gravemente la capacidad del Estado para sancionar delitos ambientales, incluyendo el tráfico de flora y fauna silvestre, y la propia minería ilegal, que genera pérdidas estimadas en S/ 22 mil millones al año, equivalentes al 2.5% del PBI. No podemos ser indiferentes. La minería ilegal no solo destruye ecosistemas, sino que está estrechamente ligada al crimen organizado, la trata de personas, la explotación sexual de niñas, adolescentes y mujeres, la corrupción y el lavado de activos a nivel nacional. Es una amenaza directa al tejido social del país. Una de las principales barreras para enfrentar este problema sigue siendo el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que debe ser reemplazado por un sistema más eficaz, con procedimientos claros, plazos definidos y herramientas técnicas que permitan avanzar en una verdadera formalización. En esa línea, respaldamos que el Ejecutivo mantenga una posición firme. Es importante que la ciudadanía sepa que 50,565 registros han sido excluidos del Reinfo –que culmina el 31 de diciembre de este año–, debido a que no reportaban actividad minera o no cumplieron con los requisitos legales mínimos. No se trata de una arbitrariedad ni de dejar sin trabajo a personas de buena fe, sino de poner orden y diferenciar claramente entre minería informal con vocación de formalizarse y minería ilegal criminal. Como peruanos, debemos apostar por una minería que contribuya al crecimiento del país, protegiendo el ambiente y la dignidad de las personas. Solo así construiremos un futuro con más oportunidades, más seguridad y más bienestar para todos. Juan Carlos Ortiz, segundo vicepresidente, IIMP
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