38 Edición Semanal ¿Cómo darle solución a esta situación? 1. Fortalecer la trazabilidad y fiscalización del mineral. Implementar un sistema eficaz de trazabilidad desde el punto de extracción hasta la exportación, complementado con imágenes satelitales para contrastar producción real y declarada. Además, es crucial modificar la normativa para que la inscripción en el Reinfo no sirva como un escudo de inmunidad penal. 2. Control de plantas de beneficio. El Estado debe fiscalizar en tiempo real las plantas autorizadas por gobiernos regionales que se han autodeclarado como pequeña minería. Debe verificarse su capacidad operativa y la legalidad del mineral que procesan. 3. Contratos de explotación. Exigir que todo mineral extraído cuente con consentimiento del concesionario, mediante contrato de explotación. Ello permitiría integrar al pequeño minero bajo criterios técnicos y de sostenibilidad, garantizando beneficios para ambas partes. 4. Inteligencia contra el lavado de activos. La interdicción no debe limitarse a destruir maquinaria, sino a desactivar las cadenas de valor criminales. Se debe atacar a actores que financian, procesan y exportan el oro ilegal, con inteligencia financiera coordinada entre la Policía, la Fiscalía Ambiental y la Sunat. La minería ilegal no solo destruye ecosistemas: amenaza el Estado de Derecho y el futuro del modelo de concesiones, columna vertebral de la inversión minera en el Perú.
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