44 Edición Semanal La gestión de los bienes comunes ha sido objeto de análisis por varios pensadores. El criterio de Pareto (1900) busca beneficiar a algunos sin dañar a nadie; Pigou (1938) propone la intervención mediadora pública; Coase (1960) confía en el mercado para equilibrar intereses. Garret Hasting (1968), en La Tragedia de los Bienes Comunes, advierte sobre el uso individualista de recursos comunes por parte de las empresas, anteponiendo sus propios intereses. Para fortalecer la economía social de mercado, Perú ha separado la propiedad del suelo y del subsuelo mediante el procedimiento ordinario minero (POM), vigente desde la época virreinal. Con las actuales herramientas informáticas (2025), es necesario mejorar el POM en precisión, transparencia y publicidad. En la economía social de mercado peruana, existen más de cien Organismos Públicos Descentralizados dedicados a generar conocimiento especializado sobre el territorio como bien común. Organismos como el IGN, Ingemmet, Ipen, Senahmi, Imarpe, INIA, Osinergmin, OEFA, ANA, Sunat, Sunarp y Serfor tienen mucha influencia en la actividad minera. Son autónomos y requieren de evaluaciones periódicas para mejorar su rol de control, sin perjudicar la importante actividad productiva de la nación. Desde la publicación de Nuestro futuro común por las Naciones Unidas en 1985, se ha puesto especial atención a los proyectos productivos globales que pueden generar contaminación. En Perú, el 70% del territorio ha sido asignado como “área protegida, intangible para actividades
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