10 Edición Semanal nacional, de los cuales 3,346 no están siendo gestionados. Sin embargo, precisó que hay un grupo de estos que deberían ser prioritarios. “De ese total, unos 238 presentan un riesgo alto y muy alto, por lo que deberían ser el foco principal de intervención. Esos son los pasivos ambientales que pueden hacer daño a las personas, al ambiente y a la sociedad en conjunto, ahí tenemos que concentrar los esfuerzos”, remarcó. Asimismo, estimó que remediar cada pasivo ambiental generado por las operaciones antiguas y la informalidad, puede costar en promedio alrededor de US$ 500 mil, “no es una tarea menor ni gratuita”. De otro lado, resaltó que el proceso de cierre de minas requiere una revisión para hacerlo más eficiente, en la medida que los costos de mantenimiento poscierre son elevados, y la certificación de cierre final muchas veces tarda décadas. Gustavo De Vinatea, Homar Lozano, Antonio Montenegro, Raúl Benavides, Evelyn Yauri y Celedonio Aranda.
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