43 AÑO 6 - Nº 291 / DICIEMBRE 2025 plimiento formal deja a los proyectos expuestos a conflictividad, demoras y pérdida de legitimidad territorial. Lo que se requiere es una transición hacia modelos colaborativos, donde la gestión social sea tan rigurosa como la ingeniería y la gestión ambiental. La mediación minera permite ese salto cualitativo. Se instala como un instrumento preventivo y temprano, capaz de ordenar conversaciones complejas, equilibrar asimetrías de información y generar acuerdos verificables que acompañen el ciclo de vida completo del proyecto. No se limita a “resolver problemas”, sino que crea las condiciones para que empresa, comunidades y Estado avancen con una hoja de ruta común, basada en evidencia y orientada a resultados. Chile conoce bien las consecuencias de no contar con estos mecanismos. Los conflictos socioambientales de los últimos años –marcados por tensiones sobre agua, territorio indígena, gobernanza del litio y gestión segura de relaves– han demostrado que cuando no existe una plataforma institucional de diálogo estructurado, las controversias escalan inevitablemente hacia tribunales, paralizaciones y pérdida de confianza. Y lo más relevante: estos conflictos no son solo ambientales o comunitarios son, en esencia, fallas de gobernanza, donde la falta de facilitación técnica impide articular visiones y anticipar impactos. La mediación minera, aplicada temprano, evita precisamente esa inercia. Permite que las partes converjan antes de la evaluación ambiental, durante la operación o incluso en escenarios de cierre, asegurando continuidad y claridad estratégica. Su naturaleza confidencial protege las conversaciones sensibles, su neutralidad genera confianza en territorios históricamente tensionados, y su orientación colaborativa permite construir acuerdos vinculados a KPI (sigla en inglés
RkJQdWJsaXNoZXIy MTM0Mzk2