10 Edición Semanal dos. También exige recuperar el principio de autoridad del Estado y asegurar que las normas se cumplan”, enfatizó. En esa línea, advirtió que la falta de exigencia termina afectando a quienes sí apuestan por la legalidad. “Sin ello, se termina desincentivando al minero formal y premiando a quienes no demuestran voluntad real de cumplir con la ley”, señaló. Asimismo, planteó que los esfuerzos del Estado deben reorientarse a proteger al formal y brindarle herramientas reales para desarrollarse de manera sostenible. Ley Mape “El Congreso debe priorizar ahora el debate para una Ley MAPE, que promueva a la pequeña minería con criterios técnicos y de sostenibilidad, propiciando en ella el trabajo decente y el cuidado de un entorno saludable”, puntualizó De Vinatea. Finalmente, remarcó que es indispensable que desde el Legislativo se garantice la neutralidad y visión técnica en torno a estos temas, recordando que la política pública no puede responder a intereses particulares ni a cálculos de corto plazo. Como es público, el 26 de diciembre, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley Nº 32537 que modifica el Decreto Legislativo Nº1293 para extender el plazo del proceso de formalización minera integral hasta el 31 de diciembre de 2026, o hasta la entrada en vigor de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal y su reglamento. Se requiere garantizar neutralidad y visión técnica.
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