10 Edición Semanal Frente a esta situación, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) condenó estos hechos que reflejan la grave crisis de inseguridad ciudadana y el avance del crimen organizado en diversas zonas del país. “Lo sucedido en Pataz no es un caso aislado, sino consecuencia de la ausencia de una estrategia eficaz del Ejecutivo central, que no ha logrado garantizar el control territorial ni la protección de la vida de la población frente a la violencia criminal y las economías ilícitas”, puntualizó. En ese sentido, la ANGR exigió al gobierno nacional acciones inmediatas que incluyan una intervención integral en Pataz, el fortalecimiento real de la Policía Nacional, la articulación efectiva con el Gobierno Regional de La Libertad y las instancias locales, así como medidas firmes contra la impunidad. “La seguridad ciudadana es una responsabilidad indelegable del gobierno nacional. Desde los gobiernos regionales reiteramos nuestra disposición a trabajar de manera coordinada, pero no aceptamos la inacción ni la indiferencia frente a una situación que sigue cobrando vidas”, culminó. Por su parte, el primer ministro, Ernesto Álvarez explicó que lo sucedido en Pataz es que un grupo armado de mineros ilegales ha querido robarle oro dentro de un socavón a otro. “Se han defendido, ¿por qué? Porque hay bandas armadas por parte de los diferentes grupos de mineros ilegales y eso no ha sido controlado por los gobiernos regionales”. Afectan el desarrollo de la minería formal.
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