22 Edición Semanal evidente que se reduciría la huella ambiental, la inversión inicial y se elevaría la rentabilidad financiera de los proyectos. El caso reciente de la integración Antapaccay (brownfield), con Quechua (greenfield) es un ejemplo de ello. Por otro lado, el Estado peruano debería asumir un rol de liderazgo, con el objetivo de que las inversiones mineras ocurran con mayor agilidad y predictibilidad; para ello las agencias de mayor intervención en el otorgamiento de licencias ambientales (Senace, ANA y Serfor) deberían realizar estudios de monitoreo previos de agua, aire y suelo; y desarrollar guías ambientales en función del entorno en donde se ubican las operaciones actuales (brownfield), que cuentan con planes de extensión de vida o expansión; o en entornos donde se ubican los proyectos futuros (greenfield). De esa manera, las licencias ambientales no serían aprobadas después de 4 o 5 años, como sucede en la actualidad. Asimismo, el Ministerio de Cultura debería anticiparse con estudios etnográficos que permitan caracterizar el potencial de desarrollo de corredores económicos, como consecuencia de la inversión minera. Eso permitiría calibrar expectativas de manera oportuna y evitar el discurso político “anti-minero”. El precio internacional del cobre solía fluctuar en torno a US$ 4 por libra. Sin embargo, hoy cotiza alrededor de US$ 6 por libra. Por ello, el tiempo de actuar de manera coordinada, pero radicalmente distinta, es ¡hoy!
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