30 Edición Semanal en el Reinfo ingresan a concesiones de terceros, pese a que legalmente no están autorizados para hacerlo. Resulta evidente que muchos de estos operadores no tienen estudios ambientales aprobados ni autorizaciones para iniciar labores, y tampoco cumplen con las normas mínimas de seguridad y salud en el trabajo. En estos casos, el Reinfo termina funcionando como un escudo legal que encubre infracciones graves e incluso delitos. Frecuentemente, estos operadores logran acuerdos económicos con las comunidades o propietarios de la superficie, e incluso ofrecen dádivas a autoridades para facilitar su permanencia. Frente a esta situación, la empresa titular de la concesión solo puede recurrir a la denuncia, mientras sigue asumiendo el pago de vigencias y penalidades. Es entonces cuando emerge el discurso político: se acusa a las compañías de mantener “concesiones ociosas” y de impedir que los mineros artesanales o ancestrales trabajen dichas áreas, presentando esta situación como un abuso que debe corregirse mediante la reasignación de concesiones. No obstante, la raíz del problema no está en el sistema de concesiones en sí, sino en el entramado de leyes, normas y reglamentos que hacen que la explotación formal, racional y bajo estándares internacionales sea excesivamente larga y compleja. Este escenario no solo desalienta la inversión, fomenta la informalidad y, en muchos casos, la ilegalidad. Lea el artículo completo: http://t.ly/6HRxa
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