29 AÑO 7 - Nº 305 / MARZO 2026 Durante décadas, el debate sobre la minería en Chile ha girado en torno a una pregunta esencial: cómo asegurar que la riqueza generada por esta actividad estratégica se traduzca en desarrollo real para los territorios donde se produce. Se debe construir un modelo de minería responsable, capaz de generar valor económico y, al mismo tiempo, traducir ese valor en bienestar tangible para las regiones y comunas del país. En ese contexto, la implementación de la Ley N° 21591 de 2023, Ley sobre Royalty a la Minería, constituye probablemente el cambio institucional más relevante en la política minera chilena de los últimos años. Su importancia no radica únicamente en haber establecido un nuevo esquema de tributación para la gran minería del cobre, sino también en haber incorporado de manera explícita una dimensión territorial en la distribución de los recursos que genera la actividad minera. La lógica es simple, pero estructuralmente significativa: una parte relevante de la renta minera se redistribuye hacia regiones y municipios, fortaleciendo su capacidad de inversión pública y desarrollo local. Por: Patricio Cartagena, presidente del Centro de Arbitraje y Mediación Minero en Chile. Del royalty a la gobernanza territorial de la minería Coyuntura Internacional
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