29 AÑO 7 - Nº 309 / ABRIL 2026 da ecosistemas y somete a miles de peruanos a condiciones de violencia y explotación. Debilitar el marco formal —como lo hace esta iniciativa— solo abre más espacios para estas economías ilícitas. Quienes defienden este predictamen, señalan que se busca impulsar la pequeña minería. La evidencia demuestra lo contrario. La mayoría de concesiones invadidas por la minería informal pertenecen justamente a pequeños mineros y mineros artesanales, quienes hoy no cuentan con la protección efectiva del Estado. Reducir los plazos de concesión no los fortalece, los expone aún más. La verdadera ruta pasa por la formalización. La ilegalidad no se combate con más informalidad, sino con reglas claras, instituciones sólidas y políticas públicas coherentes. En esa línea, el Congreso tiene una tarea urgente: consolidar una Ley MAPE que permita el desarrollo sostenible
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