37 AÑO 7 - Nº 317 / JUNIO 2026 y social importante en numerosas regiones del país. El verdadero problema es haber convertido un mecanismo temporal de formalización en una suerte de salvoconducto permanente para operar sin controles efectivos. Formalizar no significa perseguir ni expulsar a los pequeños productores. Significa exigir estándares mínimos de seguridad, trazabilidad y responsabilidad ambiental. Y eso sí puede hacerse desde ahora, sin necesidad de nuevas leyes ni de seguir ampliando indefinidamente un régimen excepcional. El primer paso debería ser exigir el cumplimiento real del Reglamento de Seguridad Minera y de los compromisos ambientales asumidos en el Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Igafom). Para ello, resulta indispensable implementar auditorías técnicas independientes a todos los Reinfo, realizadas por entidades de reconocido prestigio. Estas auditorías permitirían verificar las condiciones de seguridad de los trabajadores, el manejo ambiental y el cumplimiento de las declaraciones presentadas al momento de la inscripción. El costo debería ser asumido por los propios operadores, aunque en el caso de los mineros artesanales, el Estado podría facilitar mecanismos de financiamiento vinculados a sus ventas futuras. Una vez identificadas las deficiencias, cada operación debería presentar un cronograma obligatorio de adecuación y cumplimiento. El objetivo no es clausurar indiscriminadamente, sino formalizar de verdad. Asimismo, es indispensable eliminar el anonimato financiero que hoy rodea buena parte de la comercialización
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