26 Edición Semanal so. En la práctica, la reacción habitual consiste en endurecer las sanciones: multas más elevadas, mayores exigencias regulatorias y penas de prisión más largas, aun cuando el propio Estado carece de infraestructura suficiente para hacerlas cumplir. El problema no radica únicamente en la severidad de las sanciones, sino en la falta de eficacia de los mecanismos de control. Existen alternativas tecnológicas para supervisar a delincuentes de menor peligrosidad mediante dispositivos electrónicos o para reforzar la seguridad ciudadana con sistemas inteligentes de vigilancia en el transporte público. Sin embargo, estas herramientas avanzan lentamente, mientras continúan imponiéndose multas que muchas veces nunca llegan a cobrarse. Las contradicciones también son evidentes en la política económica. Por un lado, el Estado afirma que la exploración minera es fundamental para atraer inversiones y asegurar el crecimiento del país. Por otro, incrementa permanentemente las exigencias regulatorias y los procesos de fiscalización, haciendo que desarrollar nuevos proyectos resulte cada vez más costoso, lento e incierto.
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