28 Edición Semanal En muchos aspectos, el Perú parece aspirar a tener regulaciones propias de países como Suiza o Singapur. No obstante, la realidad cotidiana está muy lejos de esos estándares. Basta recorrer nuestras ciudades para observar un tránsito caótico, basura acumulada en calles y veredas, cableado desordenado y una infraestructura urbana deteriorada. En la práctica, solo una pequeña parte de las empresas y los ciudadanos logra cumplir con la enorme cantidad de normas existentes. El desafío no consiste en legislar más, sino en legislar mejor. El país necesita reglas claras, sencillas y aplicables, orientadas a proteger aquello que realmente importa: la vida, la salud, la seguridad de las personas, el medio ambiente y los derechos fundamentales, como la propiedad privada y el libre tránsito. Una regulación eficaz debe reducir al mínimo la discrecionalidad burocrática y privilegiar mecanismos como el silencio administrativo positivo para evitar que los ciudadanos queden atrapados en trámites interminables. Los peruanos hemos demostrado una extraordinaria capacidad para emprender y generar oportunidades. Sin embargo, esa energía choca permanentemente contra una telaraña de leyes, reglamentos y procedimientos que desincentivan la inversión y la formalidad sin producir beneficios reales para la sociedad. En definitiva, el Perú necesita encontrar un punto de equilibrio. Debemos construir un marco regulatorio que impida el desorden y la improvisación, pero sin caer en la ilusión de imponer normas propias de los países más desarrollados cuando nuestras instituciones aún no tienen la capacidad de hacerlas cumplir. No se trata de elegir entre Suiza y Calcuta, sino de implementar un sistema de reglas realista, eficiente y respetado por todos.
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