24 Edición Semanal ¿Qué exige el ciudadano? Confianza traducida en valor público La legitimidad del modelo extractivo no solo se afianza en las mesas de negociación con los inversores: se construye –o se destruye– en los territorios donde operan los proyectos. En 2025, el Estado peruano transfirió a los gobiernos regionales y municipalidades alrededor de S/ 13 mil millones y S/ 31 mil millones a los gobiernos locales[3]; no obstante, departamentos con alta actividad minera, como Pasco, Huancavelica y Apurímac, registran índices de desnutrición crónica infantil por encima de la media nacional, según datos del INEI[4]. Esta brecha entre los recursos transferidos y su impacto en el desarrollo humano es la fuente más profunda de desconfianza ciudadana y, en consecuencia, de conflicto social. Los ciudadanos de las zonas de influencia directa no demandan la paralización de los proyectos: demandan rendición de cuentas y un valor público verificable, por ejemplo, infraestructura hídrica, educación de calidad para el desarrollo humano y acceso al empleo formal para los jóvenes de las zonas de influencia. Si la extracción de los recursos naturales no mejora el Índice de Desarrollo Humano (IDH) local, el modelo pierde legitimidad desde dentro y ningún instrumento jurídico puede sustituir esa legitimidad pérdida; los responsables de la ausencia de gestión son los gobiernos regionales y locales, que resumen el espíritu de la regionalización en el Perú. Lea el artículo completo: http://t.ly/IvV7L [3] MEF – Transferencias en el Portal de Transparencia Económica (Transferencias a Gobiernos Subnacionales) https://apps5.mineco. gob.pe/transferencias/ cuadros/Hoja1_1.aspx [4] INEI – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) – Desnutrición crónica por región: https:// www.inei.gob.pe/ estadisticas/indicetematico/health/
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