33 AÑO 7 - Nº 336 / OCTUBRE 2026 plantea un enfoque más amplio, relacionado con la forma en que se establecen las orientaciones estratégicas, se toman decisiones, se articulan responsabilidades y se desarrollan las relaciones entre los distintos actores vinculados con la actividad minera. Desde la perspectiva empresarial, la gobernanza social requiere que las consideraciones sociales se integren en la visión, la misión y los objetivos estratégicos de la organización, involucrando no solamente a las áreas de relaciones comunitarias o gestión social, sino también a la alta dirección y a las distintas unidades técnicas, operativas y administrativas. Esto supone reconocer que las decisiones de ingeniería, planificación, operaciones, logística, recursos humanos y otras áreas pueden tener implicaciones sociales y territoriales que deben ser comprendidas y gestionadas de manera articulada. No obstante, la gobernanza social trasciende el ámbito interno de la empresa, pues también involucra las relaciones, competencias y mecanismos de interacción entre comunidades, instituciones públicas y otros actores territoriales. En consecuencia, las relaciones entre empresas mineras, comunidades, Estado y otros actores no dependen únicamente de los mecanismos de comunicación o de los programas de inversión social, sino también de cómo se toman las decisiones, se distribuyen las responsabilidades, se consideran los intereses y derechos de los involucrados y se gestionan los impactos de la actividad minera. En este contexto, surgen tres interrogantes fundamentales: ¿En qué medida la gobernanza social se encuen-
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