34 Edición Semanal En abril de 2025, el Tribunal Constitucional estableció que los regímenes de formalización no pueden contemplar exenciones de responsabilidad penal por delitos ambientales. Sus decisiones deben cumplirse, no interpretarse según la conveniencia política del momento. No se puede seguir prolongando el régimen excepcional de formalización minera bajo otro nombre. Es indispensable que se depure el registro de quienes operan en falta, que se garantice la trazabilidad del mineral, el control de las plantas de beneficio y que haya una fiscalización efectiva. De lo contrario, prolongaremos un problema cada vez mayor. El Perú necesita una minería artesanal y de pequeña escala formal, responsable y competitiva, con oportunidades para quienes quieren hacer las cosas bien y consecuencias para quienes vulneran la ley. No podemos aspirar a atraer inversiones, generar desarrollo y construir confianza, mientras el Estado posterga decisiones que ya le corresponden. La confianza no nace de las promesas, sino de hacer cumplir las reglas.
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