5 AÑO 7 - Nº 338 / NOVIEMBRE 2026 En ese sentido, consideró que la propuesta debe precisar que el nuevo régimen no supone una exención de responsabilidades. “La norma debería ser absolutamente clara diciendo no más inmunidad penal”, enfatizó. Asimismo, remarcó que la discusión no debe limitarse al cambio de denominación del mecanismo de formalización, sino a las condiciones y efectos que establece. “El cambio de nombre, si tiene la misma esencia, no afecta el cuestionamiento constitucional que se puede hacer a esta norma en concreto”, explicó. En otro momento, recordó que la quinta prórroga del Reinfo, establecida mediante la Ley 32537 hasta el 31 de diciembre de este año, motivó una nueva demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Abogados de Loreto, admitida a trámite por el Tribunal Constitucional.
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