Por Guillermo Vidalón, comunicador social. 

La minería en el Perú, además de ser una actividad histórica, desarrollada en el país desde tiempos inmemoriales, sigue siendo una oportunidad para generar bienestar al conjunto de la sociedad. Asimismo, nos vincula al mundo de manera positiva y con una gran proyección por las características de megadiversidad del territorio donde surgieron precisamente culturas autónomas que ocuparon un lugar relevante en el devenir de las civilizaciones si las comparamos con otras en su tiempo.

En ese sentido, se constituye en un orgullo del pasado, del presente y de su proyección futura: evoluciona en el tiempo, se adapta a los cambios tecnológicos y los incorpora con la finalidad de ser más eficiente, productiva y amigable al ambiente, al igual que lo hacen otras actividades. Sin embargo, la gran diferencia es que, por la riqueza del territorio, por la experiencia del recurso humano que trabaja en las operaciones mineras, por contar con una legislación y tasa impositiva competitiva es que despertamos el interés de los inversionistas –nacionales y extranjeros– con la finalidad de poner en valor el potencial natural.

Otra de las ventajas de la minería es que se desarrolla de manera descentralizada a lo largo y ancho del país, lo que motiva el desarrollo de infraestructura física, carreteras, ferrovías, electrificación y disposición de recursos económicos. Especialmente a jurisdicciones que, antes de la presencia minera, no contaban con ingresos suficientes para empezar a cerrar las brechas sociales para generar oportunidades de acceso a mejores servicios de alimentación, salud y educación, así como económicas. Ya sea que se encuentren vinculadas a la minería, en actividades conexas u otras. 

Si lo expresado anteriormente puede ser fácilmente verificable por los métodos de medición empleados por organismos públicos –nacionales y extranjeros– como el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) o el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entre otros. La pregunta que surge es por qué –a pesar de todo el esfuerzo de la minería– no logra el respaldo ciudadano suficiente que necesita para concretar las inversiones que están pendientes de ejecución. Y que, de concretarse, con un manejo honesto y apropiado de los recursos fiscales, se podría emprender rápidamente el cierre de las brechas sociales, así como iniciar obras de infraestructura que eviten o aminoren el embate de la naturaleza si se encauzan los ríos y se evita su desborde. 

Algo está fallando en la transmisión de la oportunidad hacia la ciudadanía. Los esfuerzos comunicacionales cumplen una función informativa de las ventajas de la minería; pero no necesariamente el acto comunicacional logra el objetivo de la persuasión para obtener el respaldo de la opinión pública y, por consiguiente, la toma de decisión de las autoridades a favor del desarrollo de los proyectos mineros.

Empero, el gran desafío se centra en cómo persuadir, tanto a los pobladores que viven en el entorno al desarrollo de un proyecto minero (Brownfield o Greenfield) como a la comunidad nacional, porque los recursos son de la nación, es decir, de todos los peruanos y deben ser empleados para satisfacer las expectativas de todos, de los presentes y futuros ciudadanos del país.

En consecuencia, resulta imperioso conocer cuáles son dichas expectativas. De primera impresión podría señalarse que el empleo en las operaciones mineras es la primera demanda, pero resulta que esta actividad es altamente tecnificada y compleja, por lo que la incorporación de personal sin las competencias adecuadas pone en riesgo el desarrollo y la sostenibilidad de la minería. Además, la tecnología actual ha producido inteligencia artificial, la cual será incorporada paulatinamente en todas las actividades económicas y la minería participará de este proceso de modernización. La adopción, seguimiento y supervisión de la aplicación de la inteligencia artificial demandará un alto nivel de conocimiento de los profesionales, por lo que debatir sobre cómo satisfacer la expectativa de empleo directo se convierte en un punto de desencuentro.

Si la demanda social no podrá ser satisfecha por el empleo directo que genera la minería, surge la opción del empleo indirecto, que es vasto y –también– especializado. Mas la demanda social hacia la minería sigue presente y se sustenta principalmente en aquellos que se sienten al margen de los beneficios que, efectivamente, genera la esta industria.

La demanda social hacia la minería desde las zonas urbanas –donde habita aproximadamente el 80% de la población– no necesariamente es por empleo, porque en su mayoría las ciudades son habitadas por personas que se trasladaron desde el interior del país y han desarrollado o se han incorporado a otras actividades. No obstante, sí hay una población urbana que vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema que escucha de los beneficios generados por la actividad y que no encuentra la relación costo beneficio para ellos y el país. El mensaje que suelen recibir es: a) La minería genera mucho dinero, b) Paga sus impuestos, c) Las autoridades no los emplean bien por ineficiencia o corrupción, d) Existe un riesgo de impacto ambiental.

Por lo tanto, para estos sectores de la población ¿les representa algo la minería? Inclusive, hay quienes periódicamente agitan el discurso de la minería del pasado, como si cualquiera de la presente generación pudiese ser responsable de los acontecimientos cometidos por otros (otra cosa es plantearse cómo mitigarlos o solucionarlos). 

El oportunismo político también ejerce su acción comunicativa en contra de la minería con la intención de generarse simpatías en cada uno de los procesos electorales. Y, ante ello, ¿hay una oferta discursiva de la minería basada en posibilidades que cuente con el debido sustento? Si no la hay, esta debe ser elaborada y difundida en los escenarios de relacionamiento social por excelencia: a) Las universidades públicas y privadas, b) Los institutos armados y policiales, c) Los colegios profesionales, d) Los clubes sociales, e) Las denominadas organizaciones sociales, f) Los centros de debate y reflexión de la política nacional, como los CADE, g) Los partidos políticos. La opción de capacitar a los periodistas o comunicadores sociales es positiva, pero ha resultado insuficiente y no necesariamente se han convertido en interlocutores válidos de la minería. 

Si la expansión de la actividad minera formal genera una mayor oportunidad económica para el país, a través del mecanismo de Obras por Impuestos se podría proponer mensajes que movilicen una opinión pública favorable, como por ejemplo: i) Ningún peruano debe padecer frío en las zonas altoandinas al 20XX (El 68% de los pobres extremos habitan en zonas altoandinas o también podría proponerse la construcción de viviendas tipo de manera masiva con servicios básicos, aproximadamente 300,000), ii) El encauzamiento de los ríos y quebradas de las zonas donde se han producido los mayores desastres naturales, iii) Eliminar la anemia y desnutrición infantil, iv) Reconstruir y modernizar la infraestructura educativa y de salud con modelos tipo, fácilmente replicables, v) Acceso libre a internet para los estudiantes de instituciones educativas del Estado.

Sin una oferta social económicamente razonable y movilizadora, el futuro de la minería y del país estarán en riesgo.