Por: Guillermo Vidalón, Comunicador social especialista en minería.

Durante los últimos meses, los hechos de violencia en el país se han multiplicado, principalmente en contra de la actividad minera. Quienes han tenido a su cargo la conducción de estos acontecimientos se suelen justificar a sí mismos mediante la reiteración de un relato que no se condice con la realidad y que está siempre reñido con la ley.

Afirman que es la manera para ser escuchados, cuando todos sabemos que la violencia solo termina generando más violencia, incluso, llega a alcanzar niveles insospechados que indignan a la ciudadanía por el alto costo que generan en términos económicos y sociales.

Quienes enfrentaron y padecieron la violencia de los años 80 del siglo XX pueden dar fe de lo sucedido. En democracia, afortunadamente, el intercambio de ideas, expresadas de manera pacífica permite alcanzar soluciones, entablar un diálogo alturado y respetuoso en concordancia con las leyes vigentes.

Cuando se desconoce la legalidad y se recurre a la violencia, el país termina resquebrajando su cohesión social, se incrementa la desconfianza, se retraen las inversiones que generan empleo productivo y se dificulta alcanzar aquello que se anhela.

Un país se dirige hacia el desarrollo y la satisfacción de las necesidades de su población si incrementa su producción, si fortalece las competencias de su recurso humano. La producción porque genera riqueza, y la mejora de las competencias y habilidades de las personas requieren ser financiadas con recursos económicos; así como también, la construcción de infraestructura socio-productiva que garantiza el bienestar y fortalece las sinergias que requiere una economía sólida y en crecimiento. De esta manera, se logra un mejor futuro para todos.

Para incrementar su producción, los países recurren a las potencialidades de su territorio, es por esta razón que la minería resulta relevante para el Perú, porque se desarrolla en todo el ámbito nacional. Las decisiones sobre qué actividades deben y pueden llevarse a cabo en una zona corresponden a las autoridades regionales en el caso de la pequeña y mediana minería, y a las nacionales, si se trata de la gran minería.

Por ese motivo, cuando alguien emplea la palabra territorio y la asocia a las poblaciones que vivieron hace cientos de años atrás comete un grave error; primero, porque no son las mismas; segundo, porque no existe en la actualidad alguna población asentada en determinado lugar que no se haya beneficiado del fenómeno social denominado interculturalidad. 

Todos en mayor o menor medida se han favorecido de este proceso; por lo tanto, no hay “culturas puras”, ni grupos humanos ancestrales que hayan trascendido en condiciones de aislamiento hasta la actualidad. En una oportunidad, un medio de comunicación informó del registro de un grupo humano denominado “los no contactados”, pero eso es un caso excepcional.

Lo cierto es que la institución denominada Perú rige en todo el territorio nacional sobre el cual ejerce soberanía. Nadie puede ni debe erigirse como titular de un espacio del territorio en función a su “ancestralidad” porque implicaría desconocer la república y el sentimiento unitario de la nación.

Cuando por desconocimiento, omisión o ambos, o intencionalmente se emplea la palabra territorio, se le está atribuyendo a un segmento de la población algo que es de todos porque este constituye una construcción histórica de las generaciones que nos precedieron, de la actual y de las futuras, quienes inclusive deberán defender su integridad –si fuese necesario hasta con la vida– tal como lo hicieron nuestros héroes en el pasado. 

Inclusive, en los casos en que se perdió alguna guerra, es la república la que accede a ceder el ius imperium, el ejercicio de la soberanía sobre un territorio eventualmente ocupado que no pudo ser recuperado.

En consecuencia, siendo el Perú un país unitario es de todos sus ciudadanos y no puede ser objeto de desmembramiento alguno a favor de A o B pobladores.

Cuidemos el lenguaje, porque el lenguaje expresa el pensamiento o constituye en sí mismo el pensamiento, sea cual fuere, un uso inadvertido del mismo podría ser empleado para motivar asonadas de violencia.

Tengamos presente que, tras la apelación a valores como la justicia, la defensa de la vida, el ambiente, la equidad, la transparencia, la lucha contra la corrupción, entre otros; se han cometido muchas atrocidades.