MINERÍA la mejor puerta de acceso al sector minero MINERÍA / MAYO 2023 / EDICIÓN 548 92 des por lo que ven limitada la posibilidad de ser escuchadas y que sus preocupaciones sean consideradas seriamente, es decir, ven limitada su capacidad de incidir en los procesos de toma de decisiones que últimamente les podrán afectar de manera directa positiva o negativa. Un enfoque diferente de relacionamiento como “relación de cooperación comunidad-empresa” puede facilitar la elaboración de instrumentos ambientales que tengan mayor credibilidad y confianza de comunidades locales. Una posibilidad es elaborar EIA con mayor participación de la población local, utilizando procesos más colaborativos como el proceso de búsqueda conjunta de información. Las normas legales referentes a los instrumentos ambientales, así como otras relativas a permisos y autorizaciones, en el sector minero contienen disposiciones de contenido y de procedimiento que intentan proteger a las personas y, al mismo tiempo, asegurar las inversiones responsables. En este contexto, las empresas proponentes de proyectos de inversión minera quieren saber si efectivamente las normas existentes serán respetadas y si sus inversiones de tiempo y dinero valdrán el esfuerzo. De la misma manera, la población quiere saber que el futuro proyecto no será decidido sin darles una oportunidad justa de ser escuchados y que sus necesidades serán seria y adecuadamente consideradas. La percepción de justicia depende de la visión del actor interesado. Las normas y regulaciones del gobierno pueden ser vistas como que otorgan protección y empoderan a las personas para que tomen decisiones y asuman riesgos. Sin embargo, para que una decisión sea exitosa debe satisfacer los requerimientos legales del debido proceso, así como también, el sentido de justicia de la comunidad o población local. Si las decisiones no satisfacen ambos, los estándares legales y el sentido de justicia del debido proceso, pueden ser cuestionados y su implementación limitada o bloqueada. Por lo general, los cuestionamientos por el incumplimiento de un debido proceso tienen más probabilidades de éxito que los cuestionamientos sobre el contenido mismo de derechos. Algunas acciones del gobierno o de las empresas pueden no violar el procedimiento legalmente establecido, pero pueden violar la noción de justicia de una comunidad. El debido proceso legal puede ser seguido, pero la población puede creer que el gobierno ha abusado de su discrecionalidad para aprobar o denegar un proyecto de inversión controvertido. En situaciones en que la noción de justicia, no el debido proceso legal, es violada, la cura es política, no judicial. Quienes se oponen a una decisión injusta pueden iniciar una campaña política para elegir a nuevos líderes. De cualquier manera, sea como fuere, el caso es que ambos son importantes componentes en controversias y conflictos vinculados a proyectos de inversión, tanto el debido proceso con sus requerimientos legales como la expectativa pública o de la población, los gobernados. Esta distinción entre lo que es el debido proceso legal y lo que es un proceso justo, es muy importante en decisiones controvertidas. Un proceso justo tiene mayores probabilidades de ser efectivo ante decisiones controvertidas que un proceso que cumple con los mínimos requerimientos legales. Si las partes o la población no se sienten incluidas ni escuchadas, muy probablemente la gente alzará su voz de protesta y se opondrá a la decisión a través de cuestionamientos políticos o legales. En estas circunstancias, decisiones controvertidas puedan salirse de control a menos que el gobierno utilice procesos que satisfagan el sentido de justicia de las partes interesadas. Un proceso incorporando un enfoque a la interacción basado en intereses puede generar el espacio para fomentar el sentido de un proceso justo y que dará legitimidad social. Por ejemplo, la búsqueda de la instalación de mesas de diálogo entre Estado, comunidad y empresa ante situaciones de conflictos es una cura política que
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