MINERÍA la mejor puerta de acceso al sector minero MINERÍA / JULIO 2023 / EDICIÓN 550 19 las mesas de trabajo, las reuniones y los talleres para la realización de sus líneas de base y definición de proyectos sociales, entre otros temas. Sin embargo, pocas evidencian la participación de grupos de interés como estrategia para diseñar, definir los planes de acción, investigar y definir la remediación de las quejas y reclamos. Sin embargo, tres compañías mostraron prácticas líderes bajo este criterio: Rio Tinto Exploraciones que utiliza la "escucha activa" y el diálogo permanente con las comunidades y grupos de interés como parte del proceso de relacionamiento y un enfoque de quejas preventivo; Lundin Gold en Ecuador que, como ya se ha mencionado, dialogó con la comunidad en el proceso de diseño de su MQR mediante grupos focales, reuniones comunitarias y entrevistas, y Cerrejón en Colombia que involucró al reclamante en un proceso de diálogo durante la investigación de la queja. El estudio de GIZ (2022) demuestra que, si bien ha habido importantes progresos, existen también retos pendientes muy relevantes en cada uno de los criterios del marco conceptual del estudio materia de este trabajo técnico. En una región con alta conflictividad asociada a la minería, es importante que las empresas profundicen el alineamiento a los criterios de eficacia de los PRNU con los MQR ya establecidos. Conclusiones y reflexiones Las empresas mineras con capitales internacionales en los países andinos, adheridas a estándares globales ambientales, sociales y de gobernanza, han influido positivamente en el desarrollo de los MQR, sentando las bases para el resto de compañías. Dado que no existe una obligación de establecer un MQR, varias han tomado como guía sus políticas corporativas para su implementación, con el resto de tener que adaptarlos al contexto local. Por otro lado, empresas en Colombia, Ecuador y Perú han incluido voluntariamente los MQR dentro de sus planes de participación ciudadana de los estudios de impacto ambiental, creándose una obligación legal de fiscalización en su implementación (GIZ, 2022). Durante la pasada década, la mayoría de las compañías mineras en operación en la región han desarrollado e implementado sus MQR. De las 185 empresas evaluadas, 94 tienen un MQR y 91 no cuentan con un mecanismo o información pública al respecto (GIZ, 2022). Sin embargo, existen distintos niveles de avance y profundidad de los MQR medidos por los criterios de eficacia de los PRNU y su gestión interna. La heterogeneidad en el avance responde al contexto normativo, social y al estado de desarrollo del sector. Asimismo, puesto que el estudio no incluye a los usuarios de los MQR analizados, no se puede concluir que exista un MQR que cumpla exhaustivamente con todos los criterios de eficacia de los PRNU. Existe un avance progresivo en la integración de la debida diligencia en derechos humanos en los MQR de las empresas mineras de los países andinos. El análisis de madurez indicó que el 41% de las compañías están en la categoría de líderes, lo que implica que sus mecanismos están integrados a su proceso de debida diligencia, siendo la mayoría firmas asociadas al ICMM. No obstante, se detectó que el avance en la integración de la perspectiva de derechos humanos se limita, en varias ocasiones, a la categorización de las quejas de acuerdo con ese criterio y considerándolas de alto riesgo. El ímpetu actual de adopción de normativa de diligencia debida obligatoria en materia de derechos humanos está generando nuevos esfuerzos en la vinculación entre los MQR y el proceso de debida diligencia. Sin embargo, las normas legales son necesarias, pero no suficientes. A pesar de los avances, existen aún grandes desafíos. El proyecto ARP III de la ACNUDH enfatiza que los avances de los MQR han sido, en el mejor de los casos, parciales. Por otro lado,
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