46 Edición Semanal der cumplir con los objetivos de cierre de brechas a nivel nacional y disminuir la conflictividad social. “… ¿qué mecanismos tenemos para asegurar que se honren los compromisos del Estado? o ¿qué institución tiene el encargo de fiscalizar y cuál de asegurar que los compromisos del Estado se cumplan? Estas son algunas preguntas válidas que surgen debido a esta problemática”, añadió. En ese contexto, remarcó que se debe conocer bien la causa raíz del incumplimiento de compromisos y su efecto en la legitimidad del Estado para liderar espacios de diálogo entre empresas y comunidades. “Si no hacemos esta reflexión no vamos a salir de esta espiral que no le hace bien ni al país, ni a las empresas, y menos a los ciudadanos”, puntualizó. La actual ministra del Ambiente, Lucía Ruíz en una reciente presentación en el Congreso de la República, informó que la OEFA empezará a fiscalizar los compromisos sociales y ambientales asumidos por las empresas, para lo cual vienen trabajando en una metodología. “Este es un anuncio que consideramos merece antes que todo una revisión de las cifras actuales de compromisos derivados de los conflictos sociales a nivel nacional y una reflexión al respecto, para tener un mejor panorama y tomar las decisiones más acertadas”, indicó. De otro lado, Zegarra saludó la aprobación del EIA del proyecto minero Yumpag (Pasco) de Compañía de Minas Buenaventura, que además de incrementar su producción le permitirá prolongar la vida de su mina Uchucchacua por unos 15 años más. Es necesario atender los legítimos reclamos de la población.
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