REVISTA MINERÍA 558 | EDICIÓN MARZO 2024

MINERÍA la mejor puerta de acceso al sector minero MINERÍA / MARZO 2024 / EDICIÓN 558 39 solo responden a criterios económicos, sino también a finalidades políticas y sociales. iv) Promover el crecimiento económico que eleve la calidad de vida del país mediante la atención de las principales de sus necesidades, procurando que existan más oportunidades y mejores condiciones para todos. e) Inversión pública: se refiere a toda actividad gubernamental que emplea total o parcialmente recursos públicos de manera temporal, con el propósito de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar bienes y/o servicios que se ofrece a la ciudadanía. La inversión pública tiene como meta mejorar la calidad de vida y procurar el desarrollo de la población. Por medio de esta, las autoridades y funcionarios del Estado (ministerios, gobiernos regionales y locales) deben atender las necesidades de la población y, por lo tanto, las prioridades de desarrollo local que contribuyan a elevar los indicadores de desarrollo y capital humano, mediante un uso eficiente, correcto y responsable de los recursos económicos asignados. f) Desarrollo territorial. Implica, necesariamente, el desarrollo de competencias, habilidades, destrezas y capacidades a nivel local. “El desarrollo territorial se entiende como un proceso de construcción social del entorno, impulsado por la interacción entre las características geofísicas, las iniciativas individuales y colectivas de distintos actores y la operación de las fuerzas económicas, tecnológicas, sociopolíticas, culturales y ambientales” (Cepal, 2021). Por su parte, para el Ministerio de Cultura (2016) “es una propuesta que trasciende de lo espacial, ya que concibe el territorio como un producto social e histórico con un tejido social particular, “(…) dotado de una determinada base de recursos naturales, ciertas formas de producción, consumo e intercambio, y una red de instituciones y formas de organización que se encargan de darle cohesión al resto de los elementos” (Sepúlveda, Echeverri y Rodríguez, 2005). Este enfoque “promueve la cooperación, la responsabilidad compartida y la cogestión como complementos de la participación y como elementos fundamentales para la integración de los enfoques de descendentes y ascendentes; asimismo, (…) destaca la importancia de las políticas de ordenamiento territorial, autonomía y autogestión, subsidiaridad y coordinación como marco de las políticas de descentralización, integración regional y nacional e internalización (…)”. g) Desarrollo sostenible. Al respecto, “el desarrollo sostenible es un principio organizativo para alcanzar los objetivos de desarrollo humano y, al mismo tiempo, sustentar la capacidad de los sistemas naturales para proporcionar los recursos naturales y los servicios ecosistémicos de los que dependen la economía y la sociedad. El resultado deseado es un estado de la sociedad en el que las condiciones de vida y los recursos se utilicen para seguir satisfaciendo las necesidades humanas sin socavar la integridad y la estabilidad del sistema natural. El desarrollo sostenible se definió en el Informe Brundtland de 1987 como Desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. A medida que se desarrolló el concepto de desarrollo sostenible, se ha desplazado más hacia el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente para las generaciones futuras” (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1987). Tabla 2. Resultados sobre los Recursos de Litio del Proyecto Falchani

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