46 Edición Semanal Un buen ejemplo es la histórica mina Santa Bárbara, en Huancavelica. Se trata de una antigua mina de mercurio de enorme importancia durante la Colonia, vinculada al desarrollo minero de Potosí y Cerro de Pasco. ¿Tiene sentido demoler una infraestructura con semejante valor histórico cuando las propias comunidades quieren conservarla como monumento y atractivo turístico? La nueva legislación ofrece una oportunidad para cambiar esta manera de pensar. No todos los pasivos tienen que terminar necesariamente bajo una pala y una excavadora. Algunos pueden ser reaprovechados. Con los actuales precios de los metales, ciertos relaves podrían volver a procesarse y, al mismo tiempo, reducir su impacto ambiental. Algunas instalaciones mineras abandonadas podrían transformarse en centros educativos, alojamientos turísticos u otros proyectos útiles para las comunidades. La propia ley contempla alternativas como la reutilización, el reaprovechamiento, el uso alternativo y, cuando corresponda, el cierre definitivo. El que intenta solucionar el problema termina castigado Aquí aparece una de las mayores paradojas del sistema. Las empresas que voluntariamente asumen la rehabilitación de un pasivo pueden enfrentar multas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por variaciones técnicas respecto del plan de cierre original, incluso cuando esas modificaciones pueden ser necesarias durante la ejecución de los trabajos y más efectivas para mitigar el riesgo. Y el problema no termina cuando concluye la rehabilitación. Después de realizar los trabajos y cumplir los cinco años de monitoreo exigidos, conseguir la certificación final sigue
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