48 Edición Semanal siendo extremadamente difícil. De los más de 6,000 pasivos incluidos en el inventario nacional actualizado, apenas tres habrían logrado ser formalmente certificados. Hay una larga lista esperando después de haber sido rehabilitados y monitoreados por más de cinco años. La señal que se transmite es preocupante: quien voluntariamente decide resolver un problema ambiental puede terminar atrapado durante años en trámites, fiscalizaciones y sanciones. La situación se vuelve todavía más absurda cuando intervienen terceros. Si un minero ilegal invade un pasivo que está siendo rehabilitado para extraer mineral, la responsabilidad puede continuar recayendo sobre quien asumió la remediación. Algo similar sucede cuando el propietario del terreno impide el ingreso para realizar los trabajos. Es decir, se puede sancionar a quien intenta cumplir, incluso por situaciones que están fuera de su control. Dos varas distintas Pero quizá la contradicción más difícil de explicar al ciudadano es otra. Mientras las empresas formales están sometidas a una estricta supervisión, miles de operadores inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) desarrollan actividades con un nivel de fiscalización muy diferente. Cuando se pregunta por esta situación, la respuesta suele ser que la OEFA no tiene facultades suficientes para supervisarlos. El resultado es una evidente desigualdad: somos extremadamente exigentes con quien está identificado, invierte y trata de cumplir, pero mucho menos eficaces frente a quienes pueden estar generando nuevos problemas ambientales.
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