56 Edición Semanal Los datos que la propia Sonami llevó a la Comisión de Minería del Senado son elocuentes: el 79% de las concesiones de la pequeña y mediana minería está en mora, se han perdido 24 mil hectáreas y el 49% de las solicitudes de rebaja fueron rechazadas. El propio mensaje del Ejecutivo reconoce que los remates de pertenencias por no pago crecieron 45% en explotación y 75% en exploración entre 2023 y el bienio 2024-2025, con superficies subastadas que subieron 63% y 99%. Y el resultado es exactamente el contrario al que prometió la ley: entre 2022 y 2025 cayó la participación de pequeños y medianos titulares y subió la de las grandes empresas y de Codelco, Enami y Corfo. La ley que iba a “diversificar actores” concentró la propiedad minera: “si ellos pierden sus pertenencias, la propiedad minera puede terminar concentrándose en actores con mayor capacidad económica, pero que la pagan para mantenerla”. Briones sostiene que el 80% del territorio del norte está concesionado y solo el 10% se explota, y que no le gustan las protecciones a incumbentes. Coincido en el dato y en el principio. Pero conviene mirar quién es el incumbente real. Un pirquinero de Tierra Amarilla con 30 hectáreas heredadas, no es un especulador. El especulador serio ya aprendió a sortear la ley acreditando actividad, el pequeño no alcanzó o le rechazaron la solicitud. La progresividad castiga la ignorancia administrativa, no la ociosidad. Álvaro García tiene razón en la comparación que duele: Chile ha invertido en exploración greenfield del orden de
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