56 Edición Semanal rrera estructural. La conferencia presenta para el Perú 265 trámites asociados al desarrollo de un proyecto, la participación de aproximadamente 30 entidades y un promedio de 68 meses para iniciar una perforación, evidenciando la complejidad institucional que enfrenta el desarrollo de nuevos proyectos. Desde una perspectiva económica, esta prolongación del ciclo previo a la inversión resulta particularmente relevante porque el tiempo constituye una variable que afecta la valoración, la exposición al riesgo y la oportunidad financiera del proyecto. Esta carga administrativa se agrava como segundo freno por la judicialización y la incertidumbre político-institucional. La prolongación de procedimientos, las controversias administrativas y judiciales y los cambios en las condiciones institucionales pueden mantener proyectos con inversiones significativas durante largos periodos sin alcanzar una decisión definitiva. En consecuencia, el riesgo del proyecto deja de depender exclusivamente de sus características geológicas y económicas e incorpora crecientemente la predictibilidad del marco institucional dentro del cual debe desarrollarse. En el frente social y territorial, un tercer componente corresponde a la conflictividad y a la pérdida o ausencia de condiciones de aceptación social. La evidencia internacional demuestra que los riesgos ambientales y sociales pueden transformarse directamente en costos empresariales cuando derivan en conflictos con las comunidades. Franks et al. (2014), a partir del análisis de 50 proyectos extractivos, demostraron que los conflictos pueden traducirse en pérdidas financieras sustanciales, particularmente mediante interrupciones operativas y retrasos.
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