58 Edición Semanal Lea el artículo completo: http://t.ly/PjVEc La evidencia reciente para el Perú refuerza esta relación. Tadmor y Henisz (2026), mediante el análisis de 28 conflictos vinculados con derechos indígenas y empresas mineras en el país entre 1996 y 2025, estiman costos relacionados con los conflictos superiores a US$ 31.9 mil millones y encuentran que la pérdida de extractividad constituye el componente más frecuente y costoso. Asimismo, identifican una relación entre mayores esfuerzos preventivos de relacionamiento y menores niveles posteriores de disrupción. Esto permite interpretar la dimensión social no simplemente como una externalidad del proyecto, sino como una dimensión estratégica de su proceso de maduración. Proceso del cual, se sigue aprendiendo. A esta vulnerabilidad se suma la expansión de la minería ilegal e informal, que merece ser diferenciada analíticamente por las implicancias que adquiere en determinadas zonas del Perú. La ocupación de concesiones formales, la aparición de economías ilegales y las disputas por el control territorial introducen riesgos que exceden la gestión empresarial convencional y comprometen directamente la capacidad estatal de garantizar condiciones para el desarrollo de la inversión. El proyecto Los Chancas constituye un caso particularmente ilustrativo dentro de la discusión presentada en la conferencia, donde se señala la suspensión del EIA asociada a la invasión de mineros ilegales.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTM0Mzk2