14 Edición Semanal Lea la entrevista completa: http://t.ly/wDTnh Estamos pasando de un modelo mucho más regulatorio a uno en el que las poblaciones buscan una mayor participación directa en los ingresos de la actividad minera. Ya no se trata solamente de aceptar la minería, sino de buscar empleo, contratar empresas locales, recibir compensaciones por impactos y participar más directamente en las oportunidades que genera la operación. Estos asuntos tienen cada vez más peso en las negociaciones con las comunidades. ¿Cuál es el principal error que pueden cometer el Estado y las empresas al relacionarse con las comunidades? CC. El desafío no es solamente de comunicación, sino de generar capacidades en el territorio. Las empresas mineras conviven con poblaciones cuyo punto de partida económico y social ha sido muy distinto al de una operación de alta competitividad, y eso genera expectativas enormes. El problema es que desarrollar esas capacidades toma tiempo, mientras que la presión por obtener resultados suele ser inmediata. Otro desafío es que la minería formal compite con la actividad informal e ilegal, que no tiene que cumplir los mismos estándares ni asumir las mismas obligaciones. Las empresas formales deben responder a exigencias ambientales, laborales y sociales cada vez mayores, mientras compiten con actividades que operan bajo otras condiciones. Apoyo al emprendimiento.
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